Una corte de Estados Unidos decidió que Venezuela debe pagar 8.750 millones de dólares a la petrolera norteamericana ConocoPhillips por la expropiación de sus activos. La decisión permitirá a la compañía petrolera cobrar un monto autorizado por un tribunal del Banco Mundial en 2019, y le añade 1.000 millones de dólares en intereses de la deuda.
VOA | Adriana Núñez Rabascall y Gustavo Ocando Alex
El fallo no es decisivo aún, si bien responde a “graves errores” cometidos antes de que la oposición desconociera a Nicolás Maduro como presidente y asumiera el control de algunos activos en el exterior, aseguran analistas.
Tamara Herrera, economista, opina que la sentencia conocida este lunes es “la consumación de las consecuencias de acciones erradas de larga data” en materia de trato a la inversión internacional en Venezuela durante las gestiones de Hugo Chávez y Maduro.
Precisa que parte de esos “graves errores de años atrás” incluyen el retiro de Venezuela del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que precisamente decidió a favor de ConocoPhillips hace tres años.
Otros de esos deslices del Estado que menciona la especialista son “imponer y no negociar cambios de contratos” con las empresas petroleras extranjeras y “sobrevalorar la capacidad de rescatar la industria petrolera”, todo ello durante los gobiernos chavistas.
El monto es tres veces inferior que lo que ConocoPhillips exigía al CIADI como compensación porque el gobierno de Venezuela expropiara tres de sus proyectos en 2007, cuando Chávez iniciaba su segundo mandato de seis años -falleció en 2013-.
Este lunes, se supo que el juez estadounidense Carl Nichols determinó que Venezuela estaba obligada a cumplir con la compensación por los términos del Convenio del CIADI.
Sanciones y licencias a favor
Pedro Rengel, abogado especialista en arbitraje, litigios y derecho tributario, con estudios de postgrado en jurisprudencia comparada en la Universidad de Nueva York, insistió este martes en que la sentencia del juez Nichols “no es definitiva aún” debido al régimen de sanciones de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) y a las licencias que el gobierno de Estados Unidos ha emitido desde 2019 para proteger activos de Venezuela.
“Las sanciones de la OFAC, que están vigentes, impiden que los bienes de las empresas del Estado venezolano puedan ser ejecutados en procesos judiciales en el extranjero”, recuerda en entrevista con la Voz de América, en Caracas.
“Mientras estén vigentes las sanciones de la OFAC no es posible ejecutar activos en el extranjero de las empresas del estado venezolano”, complementa.
La oposición venezolana asumió el control de varios activos en el extranjero luego de desconocer a Maduro como presidente y que Juan Guaidó, líder del Parlamento de 2015, se juramentara como mandatario encargado ante lo que llamaron “usurpación del cargo”.
Desde 2019, funcionarios antichavistas asumieron las gerencias de compañías como Citgo Petroleum, en Estados Unidos, y Monómeros, en Colombia. Ese manejo de activos derivó en algunas denuncias de corrupción y enfrentamientos públicos entre partidos opositores.
La junta administrativa ad hoc de Citgo Petroleum Corporation, que responde al gobierno interino de Guaidó, reportó ganancias de 1.290 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. Es una cifra récord para la empresa propiedad de PDVSA, subrayó la compañía.
El gobierno de Maduro insiste en que la oposición “robó” activos de la nación para beneficio propio y exige su devolución a manos de funcionarios del chavismo.
Recientemente, el procurador especial del gobierno interino para control de activos, Enrique Sánchez Falcón, urgió a la oposición a aprobar pagos de deudas contraídas con al menos tres firmas especializadas de abogados en demandas clave sobre activos extranjeros.
Según sus cálculos, cerca de 40.000 millones de dólares están en juego en al menos 201 litigios contra el Estado venezolano. Los honorarios totales de las firmas contratadas para defenderlos en esos juicios y arbitrajes ascienden a 63 millones de dólares desde 2019.
