Donald Trump, consumidor voraz de prensa y televisión, habrá tenido ayer un buen día. La resaca del día de su arresto e imputación, la primera para un expresidente de EE.UU., ha dejado una montaña de dudas, cuestionamientos y críticas en tertulias y columnas de opinión sobre los cargos que enfrenta en Nueva York por falsificación documental alrededor de los pagos para silenciar, poco antes de las elecciones de 2016, una relación extramatrimonial con una actriz porno, la ya muy famosa Stormy Daniels.
«Casi todos los analistas legales y políticos han dicho que la imputación injusta y moralmente asquerosa presentada contra mí ayer no tiene mérito, no hay ni siquiera caso», escribió ayer en su cuenta de su red social, Truth Social. En la víspera, tras 24 horas de locura, manifestaciones, traslados entre fuertes medidas de seguridad, entrega, arresto y lectura de cargos ante el juez en Manhattan, Trump regresó a territorio más amable y dio un discurso en el que ya lo dejó caer: «La práctica totalidad de quienes han mirado el caso, incluido los RINO (el acrónimo que usa para los ‘Republicanos solo de nombre’, sus enemigos dentro del partido), aseguran que no hay crimen», dijo desde su residencia de Mar-a-Lago, en la costa de Florida.
Imputación cuestionable
Durante semanas, se había especulado con que el armazón jurídico del caso del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, contra Trump podía ser cuestionable, experimental y dudoso. La publicación de la imputación y de sus fundamentos de hecho, además de la celebración de una rueda de prensa de Bragg tras la lectura de cargos, no han reforzado el caso de cara a la opinión pública. Al contrario, parecen haber reforzado a Trump.
El escrito de imputación es «poco iluminador, y la teoría en la que descansa es, en el mejor de los casos, debatible y, en el peor, inquietantemente endeble», escribe la columnista Ruth Marcus en ‘The Washington Post’, un periódico nada amable con Trump. En las mismas páginas, George Will habla de «caso chapucero» y de «momento vergonzoso para la historia de EE.UU.».
Lo cierto es que el caso es enrevesado. La fiscalía ha presentado 34 cargos contra Trump por falsificación de documentos financieros. Fueron documentos emitidos en 2017 por Trump para reembolsar el pago que su abogado y muñidor de asuntos sórdidos, Michael Cohen, hizo a Daniels para evitar que contara su amorío antes de las elecciones del año anterior y, según los fiscales, evitar un perjuicio electoral.
Un delito grave por «ocultar otros crímenes»
En la legislación neoyorquina, esa falsificación es un delito menor. Pero la imputación los considera delitos graves -en su grado más leve, dentro de los graves- por realizarse «para ocultar otros crímenes».
En esa elevación es donde están los problemas. El escrito de imputación no especifica cuáles fueron los crímenes que se buscó ocultar -es algo que la fiscalía deberá probar durante el juicio para convencer al jurado-, pero Bragg deslizó que podría ser el delito estatal de «conspirar para promover una candidatura por medios ilegales», pero eso es problemático. Trump se presentaba a unas elecciones federales, no estatales.
Además, el delito subyacente es menor. Y también había que demostrar la intención de Trump de hacer un gasto político, de campaña, no un gasto para evitar un problema personal (un detalle va a favor de los fiscales: Trump dijo a Cohen que retrasara al máximo posible los pagos ya que si lograba no pagar hasta después de la elección ya no le haría falta hacerlo, es decir, le interesaba por su impacto electoral, no pesonal) Bragg también abrió la posibilidad de que el delito subyacente ser el fraude a la Hacienda estatal, que podría utilizarse en caso de que la vía de la violación de la ley electoral no tenga suficiente entidad.
Bragg, «poco claro y evasivo»
El editorial de ‘The Wall Street Journal’ critica que Bragg fuera «poco claro y evasivo» a la hora de explicar la conexión con el delito subyacente. «¿Dónde está el segundo crimen?», se pregunta, y protesta por una imputación «todavía más débil de lo esperada». El diario neoyorquino se cuestiona si este caso se hubiera impulsado «contra cualquier acusado que no sea Donald Trump», favorito republicano para las presidenciales de 2024.
En ‘The New York Times’, Karen Friedman y Norman Eisen, defienden que «no hay nada novedoso ni débil» en la imputación, que hay antecedentes de casos similares y que es algo habitual para la fiscalía de Nueva York, en el centro financiero de la primera potencia mundial, la persecución de la falsedad documental como delito grave.
Otros defienden que el terreno específico en el que se mueve esta imputación está poco trillado. Y, además, tendrá que depender en gran parte de Cohen, un personaje de credibilidad dudosa, condenado en el pasado por perjurios.
En la prensa cercana a Trump, sobran los adjetivas. «Patético», «político», publica ‘New York Post’. Pero es una línea similar a la que siguen personalidades republicanas que se han enfrentado con Trump. Un caso notable es el del senador y candidato a la presidencia Mitt Romney. Ha defendido que el expresidente «no está capacitado» para la Casa Blanca, pero también que el fiscal «ha estirado los cargos hasta el delito grave para encajar en una agenda política». William Barr, que fue fiscal general con Trump, pero muy combativo con su intento de dar la vuelta a las elecciones de 2020, ha calificado el caso de «patéticamente débil».
