El 25 de octubre, el juez de primera instancia de Aruba William Winfield dio un respiro a un venezolano que iba a ser expulsado, cuando las autoridades locales se percataron de que permanecía en la isla trabajando de manera irregular.
El hombre de 43 años de edad había entrado a esta antilla en noviembre de 2017, como parte de una oleada humana que intentaba alejarse de la emergencia humanitaria compleja que azota al país suramericano. Meses atrás, había enviado una solicitud de permiso temporal de residencia, para trabajar como ayudante de cocina.
En los años que siguieron, este venezolano permaneció en Aruba en medio de una indefinición de su estatus migratorio. Simultáneamente, se hizo miembro de la Federación de Ajedrez de la isla. En julio de este año, viajó a la India para participar en un torneo mundial.
El hombre fue detenido el 11 de agosto en el aeropuerto Reina Beatrix luego de haber representado a Aruba en la justa internacional.
El 12 de septiembre, el ministro de Trabajo, Energía e Integración, Glenbert Croes, firmó la orden de deportar a este venezolano. La ejecución de este mandato se ha retardado en vista de un recurso interpuesto por el afectado para permitirle la “reunificación familiar” con su pareja de la isla.
Carrera de obstáculos
Este caso pone de manifiesto las dificultades por las que atraviesan los venezolanos para insertarse de forma regular en las sociedades a las que llegaron por fuerza del destino. La situación fue investigada por un grupo de ocho expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este mes fue presentado el informe correspondiente: Regional Spillovers from the Venezuelan Crisis. Migration Flows and Their Impact on Latin America and the Caribbean.
Según el FMI, para finales de 2022 habrán salido de Venezuela 7,13 millones de personas. De ellas, 5,9 millones han intentado reubicarse en países de Latinoamérica y el Caribe. La plataforma R4V indica que en Aruba están 17 mil y otros 14 mil en Curazao.
Aunque estas cifras pueden parecer bajas en comparación con las de Colombia (2,5 millones) y Perú (1,7 millones), en términos relativos son extraordinariamente elevadas, pues equivalen respectivamente al 9% y 15% de las poblaciones de ambas islas. El FMI estima que los impactos se proyectan hacia la economía, las finanzas gubernamentales y los mercados laborales.
La investigación determinó que los venezolanos deben afrontar numerosos escollos para asentarse. A menudo deben ejercer labores que no se compaginan con una formación académica generalmente superior a la del medio en que se desenvuelven.
El promedio de edad de estos venezolanos es de 28 años, por lo que se considera que están en plenitud de facultades para ejercer trabajos.
Paradójicamente, indica el informe, en Aruba los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a los beneficios del seguro social ni acceso al sistema de salud, puesto que generalmente carecen de permisos legales de trabajo. El acceso a la educación es universal, sin importar el estatus migratorio. Pero las clases son en holandés. Además, la carencia de un seguro puede impedir a los adolescentes continuar su proceso formativo. En Curazao, la situación es similar.
Impacto positivo
El reporte del FMI confirma que, debido a todas estas trabas, los inmigrantes venezolanos tienden a desempeñarse en mercados informales de trabajo en Aruba, Curazao y Bonaire.
A pesar de todo esto, pueden impulsar un crecimiento del producto interno bruto hasta de 0,7% en estas islas. Según la investigación, la cifra podría ser más elevada si los respectivos gobiernos aplicasen programas de formalización, aun si esto tiene un impacto fiscal en el corto plazo.
“Los países con un espacio fiscal limitado deben buscar ayuda de donantes e instituciones internacionales de ayuda a los migrantes”, es una de las recomendaciones.
Otra medida posible es la activación de políticas laborales que permitan a los emigrantes la inserción en aquellas áreas donde sean más necesitados, y moverse “adonde las oportunidades de trabajo sean más abundantes”.
El FMI advierte que la crisis migratoria venezolana podrá extenderse hasta 2026, y llegar a casi 9 millones de personas. Su grado de aceleración dependerá de factores como la estabilización de la situación política y la percepción de mejoras en la economía.
