El gobierno de Argentina minimizó este jueves el más reciente informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro.
En ese contexto, la portavoz de Presidencia de Argentina, Gabriela Cerruti, aseguró que con respecto al caso de Venezuela la cancillería de ese país se despidió con respecto a la preocupación por el nuevo informe de la ONU.
«La cancillería sigue, además porque Argentina preside el comité de Derechos Humanos de la ONU, todas aquellas advertencias que se hacen con respecto a las relaciones de los Derechos Humanos en los distintos países, también en este caso un informe puntal sobre temas puntuales en Venezuela«, expresó.
Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad, según el reciente informe de la ONU.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos, e insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley«, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
En otro informe, la MIIV destaca, además, la situación en el estado de Bolívar, al sur del país, donde actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.
La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 245 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras.
Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano.
«Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. Nuestros informes de hoy se refieren tan solo a dos aspectos de esta situación. Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos«, dijo Valiñas.
