Respecto a las fechas patrias, los venezolanos somos volubles. Las que le dieron sentido y existencia a la vida republicana, lucen muy distantes, bastante incomprensibles, y merecidamente recreativas; y las que tienen una significación más contemporánea, depende de las circunstancias.
En un caso, cada vez más desescolarizada la población, el siglo XIX luce astronómicamente lejos, no sabemos de la diferencia entre la declaración de la independencia un 19 de abril y la otra declaración del 5 de julio, por no citar que las efemérides históricas las aprendimos exclusivamente para la gente del gobierno (y ya ni eso), beneficiarios de un buen puente vacacional. Del 23 de enero pocos ya se acordaban al concluir el siglo anterior, cobrando vida en el presente al desear quemarlo el régimen en obsequio de un 4 de febrero, banderas respectivas de la oposición que explica al poder establecido.
Ni siquiera los parlamentarios recuerdan hoy que un 24 de enero de 1848 fue asaltado el Congreso por José Tadeo Monagas, con un saldo importante de heridos y malheridos, muertos los diputados Francisco Argote, José Antonio Salas y Juan García, como el sargento Pedro Azpúrua, un sastre de nombre ya extraviado, y, a los dos meses, el diputado Santos Michelena, quien había recibido un bayonetazo. La legitima Asamblea Nacional jamás ha tratado el punto, por lo menos, desde 2011, contando con la presencia de la oposición, a pesar de la propuesta hecha en un par de ocasiones por el representante de una fracción minoritaria, y, sería cínico que la llamada del 2020 lo ventilase.
Pero a estas alturas, las razones que llevaron al cese de la PI no han salido al conocimiento público. Tampoco la rendición de cuentas sobre su gestión que prometió Guaidó, ni las que les pidió a quienes colaboraron en ella. En vez de aclarar las cosas, parte de la dirigencia opositora decidió, como en el cuento, tirar al bebé junto al agua sucia de la tina. Su silencio –inaceptable– sugiere explicaciones poco edificantes sobre rivalidades por el liderazgo en el seno de la alianza opositora en la Asamblea –entrarían aquí las recriminaciones de Leopoldo López– o que la eliminación de la PI representó un gesto hacia el régimen buscando comprometerlo, en reciprocidad, con concesiones hacia el avance de una apertura democrática. De ser este el espejismo, ¿Qué han manifestado los personeros del régimen?
En estos primeros días de 2023, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, giró órdenes de captura a Julio Borges y a quienes ocupan la directiva recién nombrada de la Asamblea de 2015, Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, asilados todos en el extranjero por la persecución política en su contra. Luego Jorge Rodríguez, jefe del equipo chavo-madurista en las negociaciones reiniciadas en México, pone en suspenso los objetivos siguientes de la carta compromiso, como son la liberación de los presos políticos y lo referente a negociar condiciones electorales confiables, porque no se han entregado los $3 millardos acordados entre las partes para ayuda humanitaria. Se lanzan a la calle bandas fascistas motorizadas para amedrentar a educadores y empleados públicos en protesta por una remuneración digna y aparece la saña de Diosdado Cabello anunciando que la asamblea madurista aprobará una ley en para “controlar el financiamiento a las ONGs que conspiran contra el país”. Convencidos de que tienen ahora la vía despejada para tratar con el gobierno de EE.UU., aumentan sus aullidos para que les sean retiradas las sanciones impuestas en su contra. Maduro, ya abandonada toda pretensión de ajustar sus alocuciones a la realidad, ofrece como razón del empobrecimiento atroz de los venezolanos –del que es el responsable principal–, una cifra sacada del aire de $232 millardos (¡!) como ingresos dejados de percibir en razón de las mismas. Y, en ese mundo al revés que proyecta todo totalitarismo, convoca a “los trabajadores” a protestar en su contra. No son, precisamente, señales auspiciadoras de una actitud favorable a acuerdos para una transición democrática.
Mientras, sigue a galope cada vez más fuerte la inflación come-salarios, continúa la flagrante violación de los derechos elementales de más de 250 compatriotas encarcelados sine die por razones políticas, se hacen crónicas las interrupciones del servicio eléctrica y del suministro de agua, y avanza el proceso de silenciamiento y acoso generalizado a periodistas y medios de comunicación.
Sorprende, salvo algunas declaraciones de Gerardo Blyde y de Juan Guaidó, la falta de respuestas claras y contundentes del liderazgo político opositor ante esta situación. Contrasta con las protestas masivas, a lo largo y ancho del país, por parte de educadores, empleados públicos y trabajadores de Guayana en contra de la funesta conducción del país a manos de Maduro y sus cómplices (a la hora de escribir estas líneas, no han ocurrido las movilizaciones convocadas en ocasión del 23 de enero). ¿Cómo es que no se anuncian lineamientos creíbles de un modelo alternativo, democrático y bien fundamentado económicamente, capaz de sembrar la confianza y la voluntad de cambio de tantos venezolanos hartos de su miseria? Si es verdad que la PI representaba una traba para avanzar en esa dirección, ¿qué les ofrece ahora el liderazgo político opositor a los venezolanos? ¿Cómo conectar las protestas con la aspiración de sacar de las primarias programadas para este año, un liderazgo democrático fuerte, reconocido, que canalice estas justas demandas de mejora hacia el cambio político tan necesitado?
Y, quizás aquí, se le encuentre sentido a la situación producida por la defenestración de la PI por parte de los partidos AD, UNT y PJ. Pone de manifiesto, a la luz de esas movilizaciones que están animando a los venezolanos, que la dirigencia política existente, con largos años al frente de sus respectivos partidos, debe abrir paso a un renacer de las fuerzas democráticas. Muchos han dejado la piel en sus esfuerzos por lograr el retorno a la democracia, pero, a estas alturas, parecen haberse desconectado del sentir de la gente. Sus sacrificios no deben inhibir que expresemos nuestra aspiración de ver entrar aires frescos y mejor posicionados para avanzar en nuestros propósitos. Los honraría acompañar el pase de la batuta con una autocrítica sincera, a manera de rendición de cuentas a los venezolanos. De eso trata la democracia. Es demasiado lo que está en juego. Desde una perspectiva optimista, podríamos augurar un nuevo amanecer, prometedor, encarnado en un liderazgo renovado capaz de aunar voluntades a favor de ponerle fin a tan desastrosa gestión del Estado.
Venezuela se “ha arreglado” sólo para una exigua minoría, aquella que se recrea en el “Manhattan” con que retratan la urbanización de Las Mercedes en Caracas, con exhibiciones de Ferraris a la venta, fastuosos edificios de oficina y restaurantes colgantes, mientras el país se muere de hambre. Muchos hemos perdido el derecho a disfrutar de una jubilación merecida después de tantos años de servicio. A los jóvenes se les ha robado su futuro. Los más, han perdido las condiciones básicas de una existencia digna, amparada en servicios públicos eficientes, buena alimentación y libertad. ¿Hasta cuándo?
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, [email protected]
