La Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad (UVL) aseguró que el hacinamiento en los centros de detención preventiva de Venezuela “supera el 150%”, un año después de que el gobernante venezolano Nicolás Maduro prometiera acabar con esta situación en 60 días.
“Hace un año, el mandatario creó una comisión para hacer una ‘revolución judicial’ que tenía entre sus objetivos descongestionar los centros de detención preventiva en dos meses; pasando a los reos a cárceles convencionales”, señaló la asociación civil.
De acuerdo con un seguimiento realizado por la organización en 335 recintos de los 500 que, aproximadamente, hay en el país, muestra que, al cierre de mayo, había 16.778 detenidos cuando la capacidad es para 10.718 personas, lo que supone una sobrepoblación de 6.060 privados de libertad.
La criminóloga Magaly Huggins, coordinadora de investigación de la ONG, aseguró que el hacinamiento no se ha solucionado en todos los centros de detención; lugares que solo son adecuados para albergar a un preso durante 48 horas.
“Hay menos congestionamiento en unos lados, hay igual de congestionamiento en otros lados y hay más detenidos que en otros momentos. Este ha sido el resultado de la comisión presidencial”, dijo.
En este sentido, Huggins calificó esta medida como “improvisada” y sostuvo que responde más a la “presión internacional” que a una “política pública planificada y organizada por conocedores del tema”.
Según la experta, una de las principales fallas de la comisión es que esté presidida por “políticos que no tienen idea de lo que es un debido proceso para estos casos”.
Maduro nombró al diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, como presidente de la comisión y a la diputada Cilia Flores, esposa del jefe de Estado, como vicepresidenta.
Para Huggins, las labores de la comisión fueron restringidas, pues, “no dejaron participar a los abogados defensores”, lo que consideró como “un error inmenso porque pudieron facilitar el trabajo”.
Los integrantes son diputados y funcionarios del Supremo, la Fiscalía, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios; y la Defensa Pública, además de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Al respecto, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) argumentó que “la presen desnaturaliza la competencia exclusiva del poder judicial de administrar justicia”.
La presidenta del OVP, Carolina Girón, considera un error que la comisión buscara pasar reclusos de los centros de detención preventiva a las cárceles; ya que se estaría “creando más hacinamiento” en las prisiones, que están “en un 154%” de su capacidad.
Sostuvo que “no hay forma de descongestionar los calabozos policiales si no hay una actividad estructural” que empiece por solucionar el hacinamiento en las cárceles.
Para Girón, una de las causas del hacinamiento es el retardo procesal en el sistema de justicia penal, además de la detención de “presos políticos” y los casos de personas que “tienen meses” con boletas de excarcelación y no las liberan.
