En enero se incrementaron los ataques a la libertad de expresión. Documentamos 16 casos y 34 violaciones al derecho a la libertad de expresión de trabajadores, activistas, periodistas y la ciudadanía en general, 166 % más casos que en el mes anterior.
En el último mes registramos 15 hostigamientos entre las 34 violaciones: 11 fueron de orden judicial y cuatro verbales. La intimidación también fue frecuente, con nueve registros durante enero, seguida de cuatro actos de censura.
15 periodistas resultaron víctimas de violaciones a la libertad de expresión, bien sea por ataques verbales, acoso e impedimento de cobertura, junto con cinco trabajadores públicos que atacaron u hostigaron por protestar o criticar la gestión gubernamental. Otros cuatro trabajadores los detuvieron en enero por expresarse libremente.
El Estado venezolano sigue siendo el principal victimario. Al menos 14 de los 19 victimarios que registramos se relacionan directamente con el Estado: siete instituciones, cinco funcionarios y dos cuerpos de seguridad.
Protestas en la mira
Enero inició con protestas masivas de trabajadores del sector público, lideradas por el gremio de educación. En varias regiones del país hubo manifestaciones por bajos salarios y mejoras laborales; en respuesta, grupos de civiles afectos al partido oficialista les amenazaron. Uno de sus voceros declaró que solo miran y monitorean, pero que “a la hora de salir” no quieren “chilladera”.
Cuatro oficiales de la Policía del estado Bolívar (PEB) terminaron detenidos y acusados de “incitación al odio” luego de que llamaran a otros funcionarios a paro policial estadal para exigir mejores salarios y dotaciones, a través de publicaciones en redes sociales.
Las víctimas fueron Jean Carlos Sagaray (comisionado jefe), Rhommer Ramón Aponte (supervisor jefe), Jorge Luis Pérez Ugas (oficial agregado) y José Alexander Muñoz (oficial agregado). El mismo director general de la PEB los puso a la orden del Ministerio Público y los presentaron por el delito de “incitación al odio”, contemplado en la ilegal normativa “contra el odio” que emitió la ilegítima asamblea nacional constituyente.
El 13 de enero, a la profesora Carmen Sulay Rojas la destituyeron de su cargo como directora de un liceo público luego de participar en una marcha de docentes en Pampatar, estado Nueva Esparta, y tras criticar públicamente la gestión de Nicolás Maduro.
En un video que se hizo viral en redes sociales, la docente se dirigió directamente a Maduro y reclamó la precariedad económica en la que vive el gremio educativo. El hecho ocurrió apenas cuatro días después de que empezaran las manifestaciones de los/as educadores/as en todo el país.
En línea con las amenazas difundidas días atrás, grupos de civiles armados no identificados agredieron el 19 de enero a trabajadores activos, jubilados y pensionados que protestaban frente a la Dirección de Salud del Distrito Capital, en la avenida San Martín de Caracas.
El coordinador del Frente Amplio Unido en Defensa de los Pensionados y Jubilados, Luis Cano, denunció que los civiles armados estaban amedrentando y mostrando sus armas a los manifestantes, quienes pedían mejoras salariales y laborales.
Funcionarios de seguridad del Estado también tuvieron parte en las agresiones y violaciones a la libertad de expresión de trabajadores y sindicalistas en el mes de enero, con al menos tres casos de hostigamiento entre el 20 y el 22 de ese mes.
El día 20, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) asediaron la residencia del presidente del Colegio de Enfermería del estado Carabobo, Julio García; el 22, la Central Sindical Únete denunció que el Sebin hostigó cerca de su casa al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec, Starling Bracho, y durante ese fin de semana también hubo presencia de funcionarios cerca de la casa de una dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros en el estado Apure.
Impiden el trabajo de periodistas
El 12 de enero, funcionarios militares y policiales del Estado impidieron el paso a una protesta de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), en Puerto Ordaz, a Pableysa Ostos, periodista y corresponsal en el estado Bolivar del medio La Patilla, Carlos Suniaga, corresponsal de El Pitazo, VPITV y Unión Radio.
Los reporteros, luego de sortear al menos dos alcabalas previas, fueron obligados por la Policía del municipio Caroní a desviarse al impedirles el paso. En una quinta alcabala, luego de negociar con los efectivos, la Guardia Nacional Bolivariana los dejó avanzar, pero en la última alcabala los funcionarios de la GNB les indicaron que la orden era no dejar pasar a nadie.
En San Juan de los Morros, estado Guárico, una funcionaria de seguridad del hospital Israel Banuárez Balza intentó impedir el trabajo de periodistas de Radio Fe y Alegría, La Patilla, Unión Radio, El Nacionalista y Venevisión que cubrían una protesta de trabajadores de la salud en el recinto, el 17 de enero.
El corresponsal de La Patilla en Guárico, Pedro Izzo, y la corresponsal de Radio Fe y Alegría, Xiomara López, explicaron que el personal de seguridad del hospital abordó a los reporteros presentes luego de que tomaran declaraciones de voceros y trabajadores que explicaban la situación del gremio.
“(…) Nos pidió que la acompañáramos a un cuarto de seguridad donde nos iban a tomar nuestros datos, situación que ha ocurrido en otros momentos en este centro hospitalario, pero esta vez nos negamos”, dijo Izzo.
Siguen los hostigamientos
La periodista Carola Briceño, su hija y su yerno fueron hostigados en redes sociales, por cuentas anónimas vinculadas con el oficialismo, y acusados de “extorsionadores” desde el 11 de enero, debido a una serie de trabajos periodísticos de investigación publicados en El Nacional.Las cuentas anónimas buscaron vincular a la periodista, sin prueba alguna, con “redes de extorsión” lideradas por Briceño, su hija y su yerno, a través de una empresa de marketing que maneja la pareja.
La serie de trabajos de investigación trata sobre los hermanos Santiago José y Ricardo José Morón Hernández, venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) y con presuntos vínculos con Nicolás Maduro Guerra y dio pie a que el 25 de enero la Fiscalía y el CICPC llevaran a declarar al editor de El Nacional, José Gregorio Meza. Meza fue citado e interrogado, nuevamente, el 26 de enero en compañía de dos de sus abogados, de Espacio Público. El fiscal principal, Renny Amundarain, les indicó que la citación era por la denuncia de dos particulares por instigación al odio.Durante la entrevista, el fiscal afirmó que la investigación surge por una publicación “que es fuerte y que sirve de base para que las personas ataquen a quienes son mencionados en el escrito”; sin embargo, se negó a revelar cuál es el artículo, violando así el debido proceso ya que Meza, en calidad de testigo, tiene derecho a conocer cuáles son los hechos que lo involucran en el proceso de investigación.El 14 de enero, por su parte, Víctor Hugo Basabe, obispo católico y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, dio un discurso crítico sobre la situación actual del país durante su homilía del día de la Virgen de la Divina Pastora y comenzó a ser hostigado por voceros y líderes oficialistas.
Cierres y ataques a medios, activistas y organizaciones
En línea con la política contra organizaciones defensoras de derechos humanos, el 16 de enero la ONG Caleidoscopio Humano fue víctima de ataques a su página web e intentos de vulnerar el acceso a su cuenta institucional en Twitter, luego de varios días haciéndole seguimiento y cobertura a las protestas laborales en el país.“Estuvimos fuera del aire de 15 a 20 minutos, aproximadamente, según lo reportado por nuestro webmaster. Simultáneamente, tuvimos problemas también en Twitter: no aparecían los seguidores y teníamos dificultad para entrar desde otros dispositivos que no fueran telefónicos; decía clave errada”, dijo Gabriela Buada, directora de la organización.Por órdenes directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el 20 de enero dejó de transmitir la emisora Kalidad 90.3 FM de San Rafael de El Piñal, estado Táchira, por presunto cese de la concesión, notificada por el director de Conatel, Jorge Márquez, y el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.“A las 6 pm, luego de enviar los oficios, tomaron la decisión de que tenía que cerrar y apagar los equipos, se hizo y cancelamos la emisión”, dijo el director del medio, José Goncalves. La emisora tenía permiso para estar al aire durante 20 años y el permiso culminó en 2019, pero, como en otros casos, no pudo actualizar sus documentos por las trabas burocráticas de Conatel. En la madrugada del 23 de enero, un grupo de personas encapuchadas atacaron con bombas molotov y piedras la sede del medio regional Palpitar Trujillano, en la ciudad de Valera, estado Trujillo.
El director del medio, Andrés Briceño Sulbarán, dijo que testigos afirman haber visto a entre ocho y 10 motorizados encapuchados que llegaron y lanzaron bombas y piedras al edificio sede, dañando parte de su fachada y varios vitrales. Horas después, otras personas sin identificación a bordo de un vehículo arrancaron el cable de la fibra óptica y dejaron al medio sin servicio de internet.
En la mañana del 27 de enero, la defensora de derechos humanos e integrante de la organización Lidera, María Fernanda Rodríguez, fue detenida presuntamente por funcionarios del CICPC y liberada al mediodía del mismo 27. El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dijo en una rueda de prensa que la aprehensión de Rodríguez ocurrió luego de que se reuniera con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Víctor Turk, el día anterior en la Universidad Metropolitana, al este de Caracas. También el 27 de enero, el gobernador oficialista del estado Trujillo, Gerardo Márquez, hostigó en su programa de radio al medio regional Diario de Los Andes y a su periodista Alexander González, por denunciar que los trabajadores públicos de la entidad son acosados y obligados a asistir a concentraciones oficialistas. Márquez tildó a González de “palangrista” y lo acusó, sin pruebas, de estar en una “campaña de desestabilización” que, junto con el medio, “forman parte de una campaña de golpe de estado”.Los casos registrados durante el mes de enero muestran cómo instituciones y funcionarios del Estado buscan silenciar el periodismo independiente y la protesta pacífica, acciones necesarias para exponer violaciones a los derechos humanos y exigir cambios en las políticas públicas. La censura por vías directas e indirectas tiene un impacto negativo en la sociedad, que no es capaz de tomar decisiones informadas ni impulsar mejoras.Rechazamos las prácticas de hostigamiento, intimidación y diversos tipos de violencia contra trabajadores de los medios. Recordamos que su función es clave para que la ciudadanía esté informada de forma plural y diversa. Es notorio que el Estado, a través de diversos mecanismos sistemáticos, busca imponer un discurso único que minimiza la crítica al poder, lo que limita derechos, el desarrollo personal y social.
