Padres y representantes del CEI Independencia, ubicado dentro de las residencias Lagunetica en Los Teques, denunciaron que la administración del conjunto residencial restringe el acceso para retirar a los niños, bajo el argumento de que se trata de un espacio privado.
Aseguran que esta medida vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la integridad de los menores. «No permiten entrar en vehículo, solo de forma peatonal por una puerta lateral que está alejada del plantel».
“El acceso a un centro educativo no puede ser limitado por decisiones administrativas de una residencia privada”, reclamaron representantes, recordando que la LOPNNA establece que el Estado, las familias y la sociedad deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños. Señalaron que el artículo 53 obliga a “remover cualquier obstáculo que impida el acceso a la educación”.
Los denunciantes indicaron que la Defensoría del Pueblo cuenta con una división especializada en protección de niños y adolescentes, encargada de mediar cuando instituciones o particulares vulneran derechos constitucionales. “Una junta de condominio no puede impedir que un padre retire a su hijo”, expresaron.
También recordaron que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y las autoridades de vialidad municipal deben garantizar la circulación peatonal y vehicular sin impedimentos, según el artículo 51 de la Ley de Transporte Terrestre.
“Aunque el colegio esté dentro de una urbanización privada, las vías suelen ser bienes de dominio público o están sujetas a servidumbres de paso cuando existe un servicio público como un colegio”, señalaron.
Al tratarse de un plantel público, los representantes afirmaron que la Zona Educativa de Miranda debe intervenir. “El colegio tiene la responsabilidad de garantizar que sus alumnos puedan llegar y salir de forma segura. El Estado tiene el deber de proteger a sus alumnos”, insistieron, citando los artículos 50, 102 y 103 de la Constitución, que garantizan el libre tránsito y el derecho a la educación.
Los padres pidieron una actuación inmediata de las autoridades para restablecer el acceso y evitar que se siga vulnerando el derecho de los niños a ser retirados por sus representantes en sus vehículos sin restricciones arbitrarias.
