Este martes 20 de septiembre fue presentado el tercer informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.
Para la organización, Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo, fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia.
Para llegar a esta conclusión, la Misión analizó información coherente, incluso de exempleados de la DGCIM y del SEBIN al más alto nivel, que indica lo siguiente:
- El presidente y otras autoridades de alto nivel participaron en las reuniones de coordinación y, posteriormente, ordenaron directamente la realización de acciones contra objetivos específicos por parte de las dos agencias de inteligencia.
- La focalización en víctimas de un perfil específico, o en sus familiares, que incluía: personas que habían criticado al Gobierno; personas que alcanzaron prominencia o representaron una amenaza particular para el Gobierno, o personas que participaron en supuestos intentos de golpes de Estado para derrocar al Gobierno.
- Las detenciones fueron precedidas por periodos de actividades de inteligencia orquestadas, incluyendo operaciones de vigilancia, escuchas telefónicas y seguimiento electrónico.
- En varios casos, la DGCIM y el SEBIN cooperaron con otras fuerzas militares y policiales, lo que indica una coordinación a un nivel mayor de jerarquía.
- Los arrestos y las detenciones por parte de la DGCIM y el SEBIN se caracterizaron por graves irregularidades, como el uso de tácticas de seducción, los intentos deliberados por parte de funcionarios del Estado de enmascarar sus identidades, la fabricación y colocación de pruebas falsas y el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, lo que generó miedo y sensación de impotencia.
- El suministro del material, el apoyo logístico y los recursos humanos necesarios para las operaciones de seguridad e inteligencia requirieron la implicación de las autoridades al más alto nivel.
- El uso sistemático de métodos crueles de tortura contra las personas detenidas y los intentos de coaccionarlas para que proporcionen información y hagan confesiones falsas.
- La manipulación del sistema de justicia para facilitar las detenciones arbitrarias y otras violaciones, así como para proteger a los agentes de inteligencia de los procesos judiciales.
- Los funcionarios que practicaban la tortura eran ascendidos y/o recompensados por otros medios.
- Frecuentes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno sobre las personas detenidas ya sea antes, durante o poco después de las detenciones, lo que indica la existencia de un plan común.
La Misión concluyó que tiene motivos razonables para creer que Nicolás Maduro y los funcionarios de alto nivel del Estado que lo apoyaron, identificados en las conclusiones detalladas del documento de sesión de la Misión, deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su responsabilidad con respecto a los delitos y violaciones cometidos a través de funcionarios de la DGCIM y el SEBIN.
En este informe, también señalaron a las élites políticas y militares que se estarían beneficiando de la minería ilegal en el Arco Minero.
