Informe técnico urge transparencia y equidad en la distribución de donativos tras el doble terremoto 

Frente a la oleada de solidaridad tras el doblete sísmico que afectó las fronteras entre Miranda y Aragua, surge la necesidad de fiscalizar la entrega de donativos, garantizando que los recursos disponibles lleguen exclusivamente a las familias censadas que perdieron sus hogares o que están en situaciones de extrema vulnerabilidad.  

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‎Esta recomendación se desprende del Informe de Diagnóstico Rápido: Censo de Emergencia Post-Sismo, elaborado por las Pastorales de la Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo El Jarillo, cuyos voluntarios solicitan conformar una mesa de coordinación centralizada. 

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‎Esta estructura unificada, compuesta por la Pastoral Social, entes del Estado, fundaciones y voluntarios, busca erradicar la falta de control que suele imperar en este tipo de siniestros, estableciendo que todo insumo distribuido se rija rigurosamente por el patrón de datos del censo parroquial.  

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‎​Los investigadores de campo explican que la falta de un registro único da pie a tres distorsiones graves. En primer lugar, la falta de cruce de información facilita que «falsos damnificados» se aprovechen del desorden para solicitar y acaparar donativos, agotando las existencias humanitarias. 

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‎En segundo lugar, se propicia la duplicidad y sobreabastecimiento focalizado, lo que causa que un mismo núcleo familiar reciba múltiples veces un mismo rubro por parte de distintas organizaciones independientes, mientras que otros vecinos quedan en el olvido total.  

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‎​Asimismo, el informe técnico destaca que históricamente las ayudas no estructuradas tienden a concentrarse en los sectores de más fácil acceso vehicular o aquellos ubicados a orillas de carretera.

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‎Al digitalizar y cruzar los datos de la ficha censal, los equipos de logística pretenden blindar la distribución para asegurar que el apoyo alimentario, médico y de construcción alcance la cobertura territorial total, llegando efectivamente a los sectores más intrincados y desatendidos como la comunidad rural Hernández Abajo.  

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‎​Finalmente, los autores de la investigación subrayan que distribuir la ayuda de forma transparente y equitativa resguarda la salud mental de la población y honra la dignidad de las decenas de familias que hoy buscan recuperarse de la tragedia. /JR

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(FOTO INFORME JARILLO)

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