La Justicia de Perú anunció este viernes que aprobó la investigación preparatoria de la Fiscalía contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) como presunto autor de varios delitos de corrupción durante su Gobierno.
“El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó Disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria de la Fiscalía contra expresidente Pedro Castillo por delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión simple”, indicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter .
Añadió que, de igual forma, dicho juzgado aprobó las investigaciones preparatorias contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, por los delitos de organización criminal y colusión simple, y contra el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado López, por el delito de organización criminal.
La Fiscalía de Perú formalizó este martes la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado, y presunto cómplice del delito de colusión simple.
Esta investigación preparatoria es el paso previo a una acusación por parte de la Fiscalía contra Castillo, puesto que el expresidente ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.
El Ministerio Público inició esta investigación después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario en el que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Castillo por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación (general) contra el exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su fallido autogolpe.
El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
