El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), juramentó este miércoles 22 de marzo a Katherine Nayartih Haringhton Padrón como nueva presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, en sustitución de Cristóbal Cornieles, uno de los, al menos, 19 funcionarios chavistas detenidos en los últimos días por presuntos hechos de corrupción, así lo reseñó MONITOREAMOS.
Haringhton Padrón se desempeñaba como magistrada suplente de la Sala de Casación Penal del TSJ, designada el 26 de abril de 2022 por la Asamblea Nacional chavista.
Es recordada por haber ingresado oculta en la maleta de un vehículo a la sede del Ministerio Público (MP) en 2017 para intentar ocupar a la fuerza el cargo de vicefiscal, luego de ser impuesta por el TSJ como parte de las maniobras para destituir Luisa Ortega Díaz tras su ruptura con el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, ese día pudo ser desalojada del edificio tras ser descubierta por los trabajadores de la Fiscalía.
Una vez que Ortega Díaz es destituida por la ilegítima asamblea nacional constituyente, e imponen a Tarek William Saab en su lugar, es que Haringhton Padrón finalmente pudo ocupar la Vicefiscalía, cargo en el que se desempeñó hasta el 22 de octubre de 2018.
Durante el gobierno de Hugo Chávez y el inicio del mandato de Nicolás Maduro, Katherine Haringhton desempeñó un rol clave en la persecución política contra la oposición. Como fiscal 20 nacional del Ministerio Público intervino en las causas contra la dirigente María Corina Machado, el exalcalde Antonio Ledezma, y el exgobernador de Carabobo, Henrique Salas Römer.
También Katherine Haringhton fue acusada por el exprisionero político Lorent Saleh de haber participado personalmente en las torturas que se aplicaron en su contra durante los cuatro años que estuvo encerrado en la sede del SEBIN de El Helicoide.
“Katherine Harrington lideraba las torturas en La Tumba del Sebin (…) Más de una vez Katherine Harrington se me acercó durante las tortura y me decía: Si quieres que acabe esto, declara esto … sin el guión”, denunció Saleh durante una rueda de prensa en España tras ser desterrado en 2018.
En marzo de 2015 Harrington fue incluida en la lista de funcionarios a los que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa y congeló bienes en el exterior.
En 2018 fue sancionada por la Unión Europea y por el gobierno de Panamá, que la consideró de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
