«La administración pública no tiene color político»: Encuentro Ciudadano rechaza politización del servicio

En el Día del Funcionario Público, la organización política Encuentro Ciudadano emitió un comunicado en el que denuncia el deterioro de las condiciones laborales en la administración pública venezolana, a 55 años de la promulgación de la Ley de Carrera Administrativa.

Según la organización, la celebración de esta fecha ocurre en medio de una profunda crisis que ha debilitado gravemente el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores del sector público. 

Uno de los aspectos más críticos señalados es el progresivo deterioro del salario y de los beneficios contractuales. La alta inflación, junto con la bonificación de los ingresos iniciada con el Memorando N° 2792 en 2018, ha destruido el poder adquisitivo del salario. Al no formar parte del salario formal, estos bonos no inciden en prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos ni jubilaciones. 

Además, el Instructivo de la ONAPRE ha eliminado primas y beneficios contractuales que representaban un componente esencial del ingreso de los trabajadores.

Encuentro Ciudadano también advierte sobre la vulneración de derechos laborales fundamentales, como la autonomía sindical. La imposición de un esquema de salario único ha sustituido las negociaciones colectivas entre sindicatos y empleadores. 

El reciente anuncio de una “constituyente sindical” es interpretado por la organización como un intento de desmantelar la libertad de asociación gremial, consolidando un modelo que excluye la participación legítima de los trabajadores.

Otro efecto negativo de esta política salarial ha sido la reducción de las diferencias entre niveles jerárquicos, lo que ha generado desmotivación y una preocupante fuga de talentos en el sector público. A esto se suma la creciente utilización del ejercicio de la función pública con fines partidistas. Encuentro Ciudadano sostiene que condicionar el acceso a servicios según afinidades ideológicas vulnera no solo los derechos laborales, sino también el derecho ciudadano a ser atendido con equidad por el Estado. 

“La administración pública no tiene color político ni distingo alguno”, afirma el comunicado, en referencia al principio de imparcialidad que debe regir el servicio público.

La organización concluye su pronunciamiento con un llamado a reivindicar los principios que deben regir el servicio público: dignidad, formación técnica y académica, estabilidad laboral y respeto al mérito. Señalan que es urgente restituir condiciones laborales dignas, garantizar la seguridad social, recuperar los derechos sindicales y laborales, y reconocer con respeto y justicia la capacidad, experiencia y compromiso de los funcionarios públicos.

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