Redaccion El Tequeno La Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido este lunes aplazar la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Roa Duterte, que estaba prevista para el 23 de septiembre, después de que su defensa alegara que el político octogenario no está en condiciones de afrontar un proceso judicial.
Por mayoría, y con el voto en contra de la jueza mexicana María del Socorro Flores Liera, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI determinó que el procedimiento debía retrasarse de manera limitada, para disponer de tiempo suficiente y resolver una solicitud de aplazamiento presentada por los abogados del exmandatario.
Duterte, de 80 años, se enfrenta a cargos por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su polémica «guerra contra las drogas», lanzada en 2016 cuando llegó al poder, y que, según organizaciones internacionales, dejó miles de muertos en ejecuciones extrajudiciales.
Entregado a la CPI el pasado 12 marzo en respuesta a una orden de arresto, Duterte compareció por primera vez ante los jueces dos días después, que fue cuando se fijó la audiencia de confirmación de cargos para el 23 de septiembre.
Después, la Fiscalía completó la entrega de pruebas y presentó tanto el documento de cargos como su escrito previo a la confirmación.
El 18 de agosto, su defensa pidió un «aplazamiento indefinido» de «todas las actuaciones judiciales», alegando que Duterte «no está en condiciones de ser juzgado». La Fiscalía y la Oficina de Abogados de las Víctimas se opusieron a esta petición, pero la Fiscalía aceptó que hubiera un breve retraso, solo hasta que la Sala decida sobre la solicitud de aplazamiento.
En su decisión, los jueces recordaron hoy que deben garantizar los derechos del acusado, pero subrayaron: «El aplazamiento mencionado se limitará al tiempo estrictamente necesario para determinar si Duterte está en condiciones de seguir y participar en las actuaciones preliminares, incluida la audiencia de confirmación de cargos».
Si finalmente se confirma que está en condiciones, el procedimiento podría reanudarse de inmediato, dado que la Fiscalía ya completó la presentación de pruebas y documentos. La jueza Flores Liera defendió en una opinión disidente que la petición de la defensa debía haberse rechazado y que el proceso debía continuar sin retrasos.
La audiencia de confirmación de cargos tiene como objetivo determinar si existen pruebas suficientes para sostener los cargos contra el acusado. En caso afirmativo, el caso pasará a una Sala de Juicio, que celebrará el proceso principal.
El expresidente filipino, que dejó el cargo en 2022, ha sido criticado durante años por su estilo autoritario y sus declaraciones incendiarias.
En su comparecencia el pasado marzo, Duterte confirmó, por videoconferencia desde el Centro de Detención de la CPI, su identidad y fecha de nacimiento con aparentes dificultades y una voz cansada, y su abogado denunció que el exdirigente fue «secuestrado de su país» y su extradición a La Haya fue una «entrega extrajudicial».
En la orden de arresto emitida por la CPI, los jueces creen que «existen motivos razonables» para vincular a Duterte con el crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. El crimen fue parte de un ataque «tanto generalizado como sistemático».
EFE
