Ni invasiones apocalípticas ni disturbios incontenibles. El Paso, municipio texano que comparte frontera con Ciudad Juárez, amaneció con tranquilidad bajo el Título 8, la medida gubernamental impuesta desde Washington que endurece la normativa para el asilo de los emigrantes y sustituye las expulsiones en caliente por deportaciones, con penas de hasta cinco años sin poder ingresar en Estados Unidos.
Los temores de quienes vaticinaban que la oleada migratoria inundaría sus hogares y quienes también permanecían en alerta, tras capítulos de violencia salvaje como la vivida en la también texana Brownsville, donde un hombre con antecedentes y cegado por las drogas atropelló a 18 emigrantes venezolanos, matando a ocho de ellos junto a un refugio, han desaparecido de momento, aunque hay una realidad que afecta a sus vidas: EEUU vuelve a ser el sueño dorado, sobre todo para latinoamericanos y caribeños.
«Tenemos que tratar a todos como queremos que nos traten a nosotros», insistió para TeleMundo Óscar Leeser, alcalde demócrata de El Paso, quien ha visto cómo los miles de emigrantes que pernoctaban en sus calles hace unos días han desaparecido en su mayoría como por arte de magia, procesados una parte por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y expulsados gran parte de nuevo para México, sobre todo hombres solos.
Como el venezolano Richard (nombre figurado) y sus tres compañeros del estado de Falcón, quienes durante horas creyeron que habían conquistado el sueño americano tras seis semanas de odisea por las Américas. Tras permanecer varios días refugiados en una iglesia católica del Sagrado Corazón, «conseguimos subir a un autobús camino de Denver, donde tenemos familia. Pero había una alcabala (control policial), nos bajaron y aquí estamos otra vez», en Ciudad Juárez, se lamentó.
Este grupo de venezolanos no tuvo la suerte de otros, atraídos como tanto miles por el fin del controvertido Título 42. «Una buena política fue dejar entrar la gente por algunas semanas antes del paro de T42. Esto ayudó a que hoy no haya tanta gente. Pero todavía no sabemos qué nos espera. El T42 has sido una causa de mucha violencia y muchos muertos. Ojalá que pongan de una vez un sistema que funcione y tenga lógica«, explicó a EL MUNDO Jeremy Slack, profesor del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Texas.
Ni en El Paso ni en Ciudad Juárez tienen dudas de que la gran oleada va a continuar, pese a las duras medidas tomadas por México en las últimas horas con el cierre de albergues y con el freno a la emisión de permisos para atravesar su país.
La nueva política migratoria ha impuesto por la fuerza de los hechos un tiempo de reflexión a los miles de emigrantes: casi todos intentan conseguir una cita para pedir asilo a través de la aplicación CPB One, puesta en marcha hace semanas por Washington; otros han decidido buscar trabajo, mientras los más desesperados y los que cuentan con ayuda en EEUU buscan a coyotes y polleros, que han elevado sus precios en la nueva tesitura.
La promesa es que se concederán mil citas diarias por la app CPB One, lo que no supone en absoluto que el asilo de todos ellos se vaya a concretar. Además, los emigrantes se quejan de los continuos errores de la aplicación.
«EEUU NECESITA A LOS MIGRANTES PERO NO PUEDE PROCESAR SUS NECESIDADES»
La gran paradoja es que Estados Unidos, país levantado por sus emigrantes, los sigue necesitando, «pero no tiene capacidad administrativa para procesar esas necesidades. La legislación vigente es un enorme impedimento para ser más amplios en cuanto a las oportunidades de inclusión», desveló para este periódico María Riera Puerta, profesora de gobierno americano en Florida.
«El sistema de inmigración está quebrado», advirtió el alcalde Leeser. «Desafortunadamente el caos en la frontera es muy útil políticamente. Si todos tuvieran ganas de poner un sistema ordenado sería muy probable que podrían mejorar las cosas, pero si llegan a un acuerdo seguirá siendo muy difícil y caótico en la frontera», añadió el profesor Slack.
A las trabas vigentes se suman nuevas iniciativa judiciales, como la propiciada por Ken Paxton, fiscal de Texas, quien se ha sumado a las autoridades de Florida para obstaculizar las «liberaciones» de familias de emigrantes realizadas por las autoridades estadounidenses en los últimos días. Ante el colapso en los centros de internamiento, Washington decidió otorgar un plazo de 60 días para presentarse ante el servicio de aduanas, bastaba la promesa de cumplimiento y una dirección postal. Las trabas de Texas y Florida a esta iniciativa fueron definidas por la Casa Blanca como un «sabotaje».
«Este es un escenario sumamente difícil, complicado porque la pasada administración manejó la migración con una política deshumanizada, xenófoba y profundamente cruel. A Biden le ha tocado lidiar con esos antecedentes y con una oposición republicana, más la histeria colectiva exacerbada por los medios de comunicación, donde la gente en la zona fronteriza, y más allá de ella, está aterrorizada porque esperan una invasión de delincuentes que es como caracterizan a los migrantes», sentenció la politóloga Puerta.
