Los activistas venezolanos Alfredo Infante y Marino Alvarado recibieron este lunes la notificación de una demanda por difamación del gobernador del estado Carabobo, el chavista Rafael Lacava, tras la solicitud de ambos de que se investigue su presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
«Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, demanda por ‘difamación’ al coordinador legal de Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), Marino Alvarado, y al padre Alfredo Infante (coordinador de DD.HH. de Centro Gumilla), tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales», informó la ONG Provea en su cuenta en Twitter.
La organización aseguró que la demanda tiene lugar luego de que el pasado 14 de marzo ambos activistas participaran en la presentación del informe Lupa por la Vida, durante la cual se aseveró que «la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava».
El mensaje fue acompañado de un video en el que Alvarado, uno de los demandados, indicó que la notificación fue recibida el día este lunes por parte de un tribunal penal de Carabobo.
«Supuestamente, lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo», señaló Alvarado.
Apuntó que esta demanda es «la consecuencia» de ser exigentes en materia de derechos humanos y de alzar la voz por las víctimas de estos hechos.
Al respecto, insistió en que «pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad» en hechos de violación a garantías fundamentales y rechazó que estén acusando a Lacava de algún hecho.
«No estamos diciendo que el gobernador es responsable, estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad y esa es la labor del Ministerio Público (Fiscalía)», añadió.
Finalmente, Alvarado hizo un llamado a la Justicia venezolana a que sean investigadas no solo las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Carabobo sino los 1.414 hechos de este tipo que tuvieron lugar en 2021 en todo el país y los 3.034 contabilizados en 2020, según afirmó.
