Redaccion El Tequeno En Cali, la vida depende de que no llueva. Frente a una montaña de escombros que hasta hace tres días era un edificio de siete pisos, los vecinos del barrio Cuarto de Legua se persignan y miran al cielo, como si de ahí pudiera bajar la salvación o la condena. Otros levantan la vista hacia las copas de los árboles, con la esperanza de que las nubes sigan pasando de largo. En la tercera ciudad más poblada de Colombia, y una de las más afectadas por el terremoto del lunes, han pasado al menos dos semanas sin que caiga una gota de agua. Ahora, en medio de la peor emergencia en décadas en la ciudad, el clima decide destinos: el de los damnificados que pasan las noches a la intemperie, y el de quienes, tal vez, aún resisten bajo los escombros.
La capital del Valle del Cauca todavía no dimensiona su propia crisis. Las autoridades reportan 74 personas fallecidas y más de 150 desaparecidas, que podrían seguir atrapadas bajo edificaciones que colapsaron. Los números son apenas un fragmento de lo que la ciudad ignora: la Alcaldía no ha completado el censo de las familias que quedaron sin vivienda, de cuánta capacidad necesitará para resistir a la tragedia.
Pasadas las primeras horas de la emergencia, Cali enfrenta una tarea a largo plazo. Deberá atender a cientos —tal vez miles— de damnificados, dar respuesta a las familias de las víctimas mortales y de los desaparecidos, reubicar a quienes lo perdieron todo, apoyar negocios, emprendimientos, asociaciones. La Alcaldía ha dispuesto, por ahora, un albergue en las Canchas Panamericanas para unas 60 familias. La ciudadanía ha construido otros albergues informales para atender, con sus propias manos, a cientos de personas que están desatendidas. Uno de los puntos más grandes está ubicado al norte, en el barrio Chiminangos, donde un tramo de una escalera al aire libre se desplomó y dejó a una mujer muerta en medio de la estructura.
La imagen marcó al barrio entero. A la ciudad. La mujer permaneció 32 horas a la vista, sin que ninguna autoridad hiciera el levantamiento del cuerpo. Su hija, entre súplicas, pidió a la ciudadanía respeto por su familia y rogó que no siguieran difundiendo la imagen que, por horas, se convirtió en el rostro de la tragedia que enluta a la ciudad. En ese barrio tradicional y popular, los vecinos se organizaron para atender a cerca de 300 personas que tuvieron que desalojar sus edificaciones por los riesgos de desplome. A modo de advertencia, se lee en las paredes un grafiti improvisado: “Riesgo de colapso. No entrar”. La estructura del edificio sigue resquebrajada, y sus grietas parecen haber sido repelladas.
Francisco Manrique, de 76 años, ha llegado a pasar la noche allí. No conocía el barrio, pero le ofrecieron posada en una carpa que alguien regaló, y alimentos que preparan los mismos vecinos. Viene desde Pereira, otra ciudad gravemente afectada. Allí, a más de cuatro horas de camino, su casa se desplomó. Está desamparado. Lleva en su bolsillo derecho un pequeño papel arrugado, en el que está escrito el número telefónico de una de sus hermanas, que vive en Cali. Es la única señal que tiene para llegar a ella.
En ese albergue informal decenas de familias han pasado ya dos noches, a la espera de que la Alcaldía, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o algún ingeniero que se apiade de ellos pueda evaluar los edificios. Katherine Varela, una de las damnificadas, cuenta que el riesgo de colapso de las escaleras es visible y aterrador. “La estructura está despegada. Los apartamentos no sufrieron tanto, pero las escaleras están que se vienen abajo”. Ella ya subió al apartamento a rescatar algo de ropa, con la instrucción -y la intuición- de hacerlo en puntas de pie, muy despacio. “Subimos de a uno cuando se necesita”.
Su angustia y la de toda su familia pasa por saber que todas sus pertenencias han quedado atrapadas y porque, si bien ahora la solidaridad abunda, en unos días puede escasear. Luisa Mosquera, de 20 años, lacta a su bebé Milagros en brazos. Oriunda de Buenaventura, sobre el Pacífico, llegó dos meses atrás para hacer su hogar con el padre de su hija. “La tierra sonaba como si nos fuera a tragar. Todo el mundo evacuó corriendo y no hemos podido regresar”, rememora.
En Chiminangos, un barrio al nororiente, ninguna entidad oficial ha llegado tras tres días de la tragedia. Decenas de familias se volcaron a un albergue improvisado, levantado con lo que había a la mano: lonas, palos, retazos de tela, bolsas. La Alcaldía no ha aparecido para censarlos, dicen, y al no figurar en ningún listado oficial, estuvieron a punto de quedarse sin las pocas ayudas que empezaban a llegar. Pero el barrio se organizó solo. Hierven ollas comunitarias sobre fogones improvisados, se reparte comida caliente de mano en mano, y sobre mesas y sábanas extendidas en el suelo se acumulan la ropa donada y las medicinas que la gente consiguió.
Los vecinos llegan con ollas de café, sándwiches calientes y alimentos no perecederos. La abundancia es tal, que han comenzado a enviar ayudas hacia el norte del departamento o al puerto de Buenaventura. “No necesitamos más comida, se nos va a dañar. Necesitamos ayuda institucional: censos, alternativas, una evaluación de riesgo para saber si podemos volver”, dice Andrés Pérez, mientras se apila junto a sus dos hijos y la madre de ellos en los colchones que improvisan un hogar.
Franklin Bernal, desde la otra orilla, cuenta que han empezado los trasteos improvisados y de alto riesgo. Nadie quiere perder sus pertenencias. “Ayer un vecino empezó a sacar las cosas por la ventana del tercer piso, porque no puede bajar nada de peso por las escaleras”. Una cadena humana se armó en segundos para hacer una suerte de polea artesanal que descargara los electrodomésticos.
No todos corren con la misma suerte. Varios apartamentos tienen rejas en las ventanas y muchos de sus dueños han negado la autorización para tumbarlas. En la mañana de este miércoles, ha llegado el arrendador de Bernal hasta el albergue. “Ni siquiera me preguntó cómo estábamos. Solo vino y me cobró el mes que empieza, a sabiendas de que la casa es inhabitable”.
Su realidad es la de muchos. Andrés Pérez, de 44 años, duerme en la carpa y en el día sale a trabajar para conseguir el susto y pagar la renta del mes. “Nada se ha detenido y menos los cobros”, cuenta, e interrumpe la conversación para atender una llamada de su trabajo, al que ha asistido sin pausa, aunque lo haya perdido todo.
La oficina de prensa de la Alcaldía explica que no ha iniciado el censo ni han logrado la atención de todos los damnificados. “El despacho está volcado a las actividades de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Es la máxima prioridad”, contesta a este diario. Lejos de esa priorización, la gente se siente en el abandono. No tienen ninguna certeza de futuro, más allá de que pasarán una noche más allí.
En medio del albergue improvisado, una mujer ha comenzado trabajo de parto. No hay clínica cerca, ni ambulancia que llegue a tiempo; solo manos conocidas y una solidaridad silenciosa. Katherine, sin decir mucho, toma una vela blanca y la pone sobre el piso de tierra, como quien le pide un favor a algo más grande que ella. “La tenemos desde el lunes para que no llueva, porque no tenemos a dónde ir y la gente en los escombros podría hundirse más”, dice, y miró hacia atrás. Su prioridad es que su familia esté completa. “Nos falta Tomás, nuestro gato, mi hijo”. Un aguacero podría ser la pérdida definitiva. En Cali todavía, la vida depende de que no llueva.
