La persecución a miembros de la Iglesia Católica se ha intensificado en los últimos meses en Nicaragua, como parte del deterioro de las libertades en el país y de las cada vez mayores restricciones al espacio cívico, denunció este miércoles la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, denunció esta situación y pidió al régimen de Daniel Ortega que “detenga su persecución contra la Iglesia y la sociedad civil” en un informe actualizado sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En el informe, que cubre el periodo comprendido tras la anterior sesión del Consejo dedicada a Nicaragua (desde el 3 de marzo hasta la actualidad), se señala que en los últimos meses seis miembros de la Iglesia han sido expulsados del país y otros cuatro fueron detenidos.
“Es emblemático el caso del obispo Rolando Álvarez, actualmente cumpliendo una sentencia de 26 años de prisión pese a la ausencia de juicio, en la cárcel La Modelo de Tipitapa”, recordó la alta comisionada adjunta.
Álvarez, obispo de Matagalpa, está detenido “en condiciones que violan las normas y estándares de derechos humanos, sin poder recibir visitas y con malas condiciones de higiene”, denunció Al-Nashif.
La alta comisionada añadió que al menos tres diócesis han sufrido una congelación de sus cuentas después de que la Policía Nacional acusó a la institución católica de lavado de dinero.
Además, durante las recientes celebraciones de Semana Santa la policía intimidó a sacerdotes y participantes en procesiones de al menos cuatro iglesias en el país, “lo que supuso una prohibición de facto” de este tipo de manifestaciones religiosas, que se cancelaron en buena parte del país por miedo a represalias.
Este tipo de acciones suponen una violación del derecho a la libertad religiosa en Nicaragua, afirmó Al-Nashif, quien subrayó que las restricciones al espacio público en el país, “combinadas con la cada vez mayor erosión del Estado de derecho, impiden el disfrute de los derechos humanos, especialmente para las voces disidentes”.
En los últimos meses el país ha sufrido nuevas olas de detenciones de defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas o activistas campesinos, añadió la alta comisionada adjunta, que recordó por ejemplo el arresto de 63 personas el 3 de mayo, 55 de ellas acusadas de delitos habitualmente usados contra los opositores, como la diseminación de noticias falsas.
Al-Nashif también denunció el ataque a pueblos indígenas nicaragüenses, especialmente por parte de colonos, como el que el 11 de marzo causó la muerte de cinco personas en la comunidad Mayangna Wilú.
La alta comisionada adjunta recordó por otra parte la falta de participación de Nicaragua en los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas (su delegación, por ejemplo, no participó en el diálogo de ayer sobre el país en el Consejo).
“Reitero nuestra llamada a que las autoridades nicaragüenses restablezcan un diálogo significativo con nuestra oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU”, subrayó Al-Nashif, quien también pidió la liberación “inmediata e incondicional” de los detenidos arbitrariamente por el régimen de Ortega.
