Un profesor universitario venezolano aportó 16.425 dólares a la seguridad social en los últimos 20 años. Al retirarse el sistema le pagará solo 281 dólares en pensiones. La pensión equivale a dos dólares mensuales en junio de 2021.
Por Víctor Salmerón / prodavinci.com
Prodavinci consultó a siete especialistas sobre cómo reformar la seguridad social en Venezuela.
Proponen un esquema que incluya una pensión universal, la opción de administradoras privadas con cuentas de capitalización individual, incluir al sector informal, mejoras en el servicio de salud y normas flexibles para adaptarse a la volatilidad de la economía venezolana.
El nuevo esquema debe partir de un consenso de todos los actores –trabajadores, empleadores y gobierno– y diseñarse pensando en su sostenibilidad financiera.
Luis Zambrano Sequín. Economista Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
“La reconstrucción del sistema de pensiones tendrá que hacerse en un contexto de envejecimiento de la población, potenciada por la emigración, y la necesidad de reestructurar la economía. Podemos aprender de lo que están haciendo otros países.
La tendencia es un sistema con tres pilares. Uno básico, de pensión mínima cubierta con financiamiento público y su objetivo es evitar que caigan en la pobreza los adultos mayores.
El segundo pilar son quienes ahorraron, pero no lo suficiente, y reciben una pensión superior a la básica con financiamiento parcial del gobierno. Luego están quienes ahorraron y reciben una pensión mediante una cuenta de capitalización individual en una administradora privada.
Debe haber reglas flexibles que permitan ajustes automáticos para que el sistema se adapte a cambios en la demografía y las condiciones macroeconómicas. Además, incentivos para que coticen los trabajadores independientes. Una modalidad es que cuando la persona alcanza un número de cotizaciones recibe un bono por las que faltan.
Las remesas van a tener una importancia creciente para las familias. Es necesario diseñar incentivos para que se incorporen al sistema de pensiones quienes reciben remesas y quienes se han ido del país y piensan regresar”.
María Antonia Moreno. Economista Instituto de Investigaciones Económicas Universidad Católica Andrés Bello
“Aspirar a un sistema de pensiones moderno supone el diseño de políticas en el ámbito macroeconómico y en los específicos del sistema de seguridad social. Además, requiere consensos sobre la necesidad de implementarlas.
Sin garantías de acceso a los servicios públicos de salud, una reforma en el sistema de pensiones no garantizaría una mejora sustancial de los pensionados, grupo en el que tienden a prevalecer las enfermedades crónicas que suelen asociarse con grupos de edad avanzada.
La visión populista que ha caracterizado la política de seguridad social en el país, facilitada especialmente en épocas de bonanza petrolera, ha conducido a una institucionalidad sin autonomía para imponer las condiciones técnicas de sostenibilidad financiera del sistema. La restitución del equilibrio de la representación de todos los sectores –trabajadores, empleadores y gobierno–, para alcanzar consensos en el diseño de la política laboral y la seguridad social, ayudaría a superar este enfoque.
Otro elemento es la corrección de los problemas de economía política relacionados con los parámetros institucionales del sistema como la coexistencia con regímenes especiales en el sector público que les confieren derechos adquiridos a sus beneficiarios que, por ello, podrían resistirse a una reforma”.
Leonardo Vera. Economista Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
“Deberíamos ir a un sistema con una pensión básica, decente, que sería un porcentaje del salario promedio. A esta pensión tendrían derecho quienes hayan contribuido poco porque sus ingresos eran bajos, incluyendo a los cuentapropistas. Quienes puedan ahorrar más del mínimo exigido recibirían una pensión mayor.
Lo ideal es que exista un fondo solidario que entregue una pensión mínima a los no contribuyentes, la población excluida que va a envejecer. En un sistema privado este fondo sería un tema álgido, por eso me inclino más por las ventajas de un fondo público con un sólido marco regulatorio y transparencia en la gestión.
Habría un mecanismo de financiamiento para quienes queden temporalmente sin empleo, a fin de que sigan aportando al sistema y evitar que los expulse la volatilidad de la economía.
Los recursos del sistema se invertirían en instrumentos seguros que reporten rendimientos. Hay que pensar en ampliar las oportunidades de inversión, limitarse a instrumentos nacionales es una visión miope. El fondo solidario podría nutrirse de estos rendimientos.
Habría que evaluar en el diseño del fondo de pensiones si el Estado, aparte de aportar como empleador, hace aportes extraordinarios o se establece una partida del presupuesto público”.
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