Cientos de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela, lucharon porque no se les desalojara de las tiendas de campaña que les guarecían del frío en Ciudad Juárez, México.
Los inquilinos del campamento improvisado a orillas de Río Bravo, en la frontera estadounidense –frente al muro que ordenó construir Trump–, se enfrentaron a efectivos de la Guardia Nacional y policiales, que desmantelaron la endeble estructura, un asentamiento ocupado desde finales de octubre. Las autoridades locales comunicaron que el operativo responde a un dictamen elaborado por Protección Civil debido al riesgo de incendios por las fogatas que prenden los inmigrantes cerca de sus carpas improvisadas ante las bajas temperaturas.
Las autoridades avisaron a los refugiados que les enviarían a albergues seguros para que no sufrieran las inclemencias del tiempo, donde cubrirían sus necesidades básicas. El ayuntamiento de Ciudad Juárez comunicó que cerca de 500 inmigrantes habrían sido trasladados a refugios acondicionados, pero diferentes fundaciones informaron de que solo 70 aceptaron y muchos otros se encuentran a la intemperie en otras zonas de la ciudad fronteriza.
Este asentamiento ilegal se formó hace algo más de un mes tras el anuncio del presidente de EE.UU, Joe Biden, de cerrar el paso a los venezolanos con el objetivo de «abordar la inmigración irregular más aguda y ayudar a aliviar la presión sobre las ciudades y estados que reciben a estas personas».
Sin embargo, puede que se eliminen las restricciones de paso a partir del 21 de diciembre para miles de inmigrantes beneficiando a la población venezolana. El 15 de noviembre el juez estadounidense Emmet Sullivan dictaminó que el conocido como ‘Título 42’ se utilizó contra los desplazados de forma «arbitraria y caprichosa» para bloquear sus solicitudes de asilo. Esta ley implantada por el entonces presidente Trump, y mantenida como medida anticovid por Joe Biden, consiste en trasladar a México a todo inmigrante que cruce el paso fronterizo. Una espera que puede demorarse años hasta que se pruebe su condición de refugiado, en el caso particular de los venezolanos que huyen de la férrea dictadura de Maduro.
