Las protestas contra el elevado coste de la vida en Kenia se han saldado con violencia policial. Las conversaciones entre el gobierno y la oposición están en curso, pero los resultados serán insuficientes si no se exigen responsabilidades por el catálogo de violaciones de los derechos humanos cometidas en respuesta a las protestas.
La economía en el punto de mira
El presidente, William Ruto, llegó al poder con una ajustada victoria electoral en las elecciones de agosto de 2022, haciendo mucho hincapié en sus orígenes relativamente humildes. Se presentó como el candidato de la «nación humilde», del lado de la gente luchadora, a pesar de haber acumulado una gran riqueza. Prometió hacer frente al alto coste de la vida.
Este atractivo puede haberle ayudado a primar en una votación que ganó por un margen de solo 1,6 puntos porcentuales, con una mayor participación en las zonas de ingresos más bajos. Pero a pesar de sus promesas, el coste de la vida no ha dejado de aumentar.
Poco después de llegar al poder, en septiembre del año pasado, Ruto eliminó las subvenciones a la energía, el combustible y la harina de maíz. Los precios de la electricidad subieron en diciembre y de nuevo en abril, a pesar de que el presidente aseguró en enero que no lo harían.
Además, la Ley de Finanzas aprobada en junio incluye un paquete de subidas de impuestos. Los tributos sobre la renta han aumentado para las rentas más altas, pero otras subidas de impuestos son regresivas, en forma de impuestos indirectos que afectan desproporcionadamente a las personas con rentas más bajas.
El principal de ellos es la duplicación de los impuestos sobre la gasolina, el gasóleo y otros productos derivados del petróleo, que encarecen aún más los bienes de primera necesidad y el transporte, en este país de África oriental con unos 55 millones de habitantes.
Ruto, de 56 años, afirma que la subida de impuestos es la única forma de reducir la deuda del gobierno. Los crecientes pagos de la deuda han llevado a especular con la posibilidad de que Kenia deje de pagarla, como ya han hecho Ghana y Zambia en los últimos años.
La subida de los impuestos sobre la gasolina era una condición para el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que en julio concedió un paquete de aproximadamente 1000 millones de dólares, además de un préstamo del Banco Mundial de otros 1000 millones de dólares aprobado en mayo.
El líder opositor y candidato presidencial derrotado, Raila Odinga, que se negó a aceptar el resultado de las elecciones, ha intentado capitalizar y movilizar la ira económica.
En enero, su disputa política con Ruto se reavivó cuando un presunto informante anónimo de la comisión electoral presentó lo que, según él, eran pruebas de fraude, apoyando las afirmaciones de Odinga de que las elecciones habían sido amañadas. En marzo, Odinga convocó protestas semanales.
Una respuesta violenta
Las opiniones divergentes sobre cómo debe gestionar Ruto la economía de Kenia son comprensibles. La escalada del coste de la vida provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania es un problema en muchos países.
Se necesita un debate internacional mucho más amplio y urgente sobre cómo reestructurar el sistema financiero mundial para que los países del Sur no queden atrapados en la deuda y las condiciones impuestas en los paquetes de ayuda no supongan una mayor presión para las personas con dificultades.
Pero no debería haber lugar para el debate sobre cómo se responde a las protestas.
En Kenia, la respuesta habitual es la violencia de las fuerzas de seguridad. Se ha utilizado munición real en varias ocasiones, junto con gases lacrimógenos y cañones de agua, una reacción totalmente desproporcionada a los incidentes de manifestantes que quemaban neumáticos y lanzaban piedras.
El 20 de julio, el número total de víctimas mortales ascendía al menos a 30 personas. Según los informes, a algunas víctimas les dispararon a corta distancia y por la espalda, lo que indica que huían de la policía, y a otras les dispararon en sus viviendas.
Incluso quienes no participan en las protestas se han visto afectados: en el distrito de Kangemi, en Nairobi, la capital, más de 50 niños tuvieron que ser hospitalizados después de que un proyectil de gas lacrimógeno cayera en su clase.
La Asociación Médica de Kenia declaró que había atendido a cientos de heridos.
Además, se han producido numerosas detenciones, incluso de políticos de la oposición. Algunas personas han permanecido retenidas durante varios días en lugares remotos, desafiando la ley.
Pero Ruto elogió a la policía, felicitándola por «mantenerse firme». Un político del partido gobernante, Alianza Democrática Unida, ha presentado incluso un proyecto de ley para reforzar las restricciones a las protestas.
Tanto la policía como los manifestantes han atacado a periodistas cuando informaban sobre las protestas. Se han producido múltiples casos de detención, acoso, amenazas y violencia física contra trabajadores de los medios de comunicación que simplemente hacían su trabajo.
Las empresas de medios de comunicación también se han enfrentado a la ira del Estado. El 24 de marzo, el organismo regulador de los medios de comunicación amenazó con revocar las licencias de seis medios por su cobertura de las protestas.
Un político del partido gobernante llegó a pedir a Ruto que «aplastara» a los medios.
Un problema sistémico
Es posible que las autoridades se sintieran legitimadas para adoptar una línea dura porque consideraban que se trataba de protestas impulsadas por la oposición que explotaban la cuestión del coste de la vida para socavar al gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que Odinga seguía rechazando los resultados electorales.
Pero las encuestas sugieren que esto va más allá de la política partidista: la mayoría de los kenianos piensan que su país va en la dirección equivocada.
Pero no importa si la gente protestaba en apoyo de Odinga o contra la alta inflación y los nuevos impuestos: tendrían el mismo derecho a protestar pacíficamente. Aunque algunos manifestantes cometieran actos de violencia, la fuerza policial debería haber sido el último recurso proporcionado en lugar de la primera respuesta desproporcionada.
Como ha señalado durante años la dinámica sociedad civil de Kenia, la reacción violenta del Estado no es inusual: independientemente de quién esté en el poder, existe un patrón de larga data de represión de las protestas, restricción de los medios de comunicación y violencia policial.
Idénticas violaciones se produjeron en las protestas por el coste de la vida en el período previo a las elecciones de 2022, y muchas veces antes.
El problema no radica en la ley, sino en una mala práctica arraigada. En virtud de la Ley de Orden Público, los organizadores de protestas sólo están obligados a avisar a las autoridades con tres días de antelación. En la práctica, los agentes del orden interpretan que esto les permite denegar el permiso para las protestas sin dar explicaciones, y luego reprimir violentamente las que se llevan a cabo.
Solo cabe esperar que el diálogo actual conduzca a una solución que empiece a aliviar las penosas condiciones en las que vive la población. Pero los problemas de violencia, represión e impunidad que precedieron a la crisis actual no están en la agenda, y deberían estarlo.
Ruto puede demostrar de una manera trascendental que es realmente diferente de sus predecesores: defendiendo el derecho de las personas a expresar su desacuerdo con él.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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