Una propuesta de ley que busca otorgar residencia permanente a cientos de miles de migrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2021, tendría “pocas” posibilidades de ser aprobada en el Congreso debido a las visiones encontradas sobre inmigración entre los legisladores, afirman expertos.
El proyecto de ley H.R. 4048 fue presentado el 12 de junio por cuatro congresistas, los demócratas Darren Soto, Debbie Wasserman Schultz y Frederica Wilson, y la republicana María Elvira Salazar. El martes, se añadió como copatrocinadora de la medida Jenniffer González, comisionada residente de Puerto Rico afiliada al partido republicano.
La ley tiene un antecedente en Ley de Ajuste Cubano, que funciona desde 1966 como una vía segura a la residencia permanente en EEUU para los nacionales de la isla que cumplan sus requisitos.
“Aunque es poco posible que obtenga el apoyo bipartidista necesario para ser aprobada en el Congreso, la propuesta Ley de Ajuste Venezolano refleja el interés de buscar una solución que brinde estabilidad y protección a ciertos inmigrantes venezolanos indocumentados que hayan entrado a el país de manera irregular antes del 2022”, dijo a la Voz de América Ariel Ruiz Soto, analista de políticas públicas del Instituto de Política Migratoria (MPI).
Un «activo para la nación»
La aprobación de una legislación de este tipo significaría un drástico cambio en las vidas de unos 400.000 venezolanos que entraron en EEUU antes de 2022, y que en su mayoría son «profesionales con mucho que ofrecer a este país», insistió Mildred Rodríguez, directora de My Voice Counts (Mi Voz Cuenta), la organización comunitaria que llevó la propuesta a los congresistas.
«No estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de una situación compleja», advirtió Rodríguez sobre la seria crisis económica y humanitaria en Venezuela, quien defendió la falta de libertades y la «migración forzada» a la que se han visto obligados los venezolanos como una de las razones por las que este proyecto debe ser considerado.
Detalló sobre el trabajo de «educación» que llevan a cabo en las oficinas de representantes y senadores estadounidenses, porque quieren que «sea un esfuerzo bipartidista» que de «libertad» a cientos de miles de venezolanos que no pueden acceder a puestos de trabajo calificado por no tener la documentación requerida.
«No somos una carga pública, la mayoría pagamos impuestos, la mayoría son profesionales (…) Estamos demostrando que somos un activo para la nación y esto es lo que queremos ofrecerle a este país», defendió Rodríguez.
Para Lizmary Fuentes, la aprobación de la Ley de Ajuste Venezolano sería “una bendición” que la libraría de “estar todo el tiempo con el corazón en la boca”. Según la caraqueña, que lleva casi seis años viviendo en Miami, el no tener una tarjeta de residente y solo un permiso temporal de trabajo le dificulta hasta “abrir una cuenta en el banco y pedir préstamos para avanzar el negocio”.
Contadora de profesión en su natal Venezuela, Fuente se reinventó cuando llegó a EEUU y desde hace cuatro años cocina y distribuye almuerzos y cenas a domicilio, pero su sueño es “abrir un puesto o un food truck para ofrecer almuerzos” en zonas de obras y oficinas. “Sin mis papeles, no puedo crecer y llegar a lo que quiero”, se lamenta.
En la misma situación está Antony, que a pesar de que tiene un permiso de trabajo y una petición de asilo en trámite, no se siente “seguro sin una green card” y afirma que a veces se deprime por estar “pasando tanto trabajo desde hace años”.
“Lo que que tienen los cubanos es muy bueno, y yo no lo digo de mala forma, porque ellos han pasado por mucho, desde hace más tiempo que nosotros, pero creo que también con nosotros deberían tener esa diferencia, porque lo que está pasando Venezuela es muy triste, mucha necesidad, mucha falta de libertad, por eso me fui, con el dolor de mi corazón, pero me tuve que ir”, lamentó.
Una carga menos para las cortes de inmigración
Lily Axelrod, abogada de inmigración, explicó a la VOA que una Ley de Ajuste Venezolano haría “dramáticamente más fácil” el proceso legal para venezolanos que quieren regularizar su estatus, evitándoles pasar “por la locura del proceso de asilo en las cortes de inmigración”.
“Una solicitud de green card, aunque requiere verificación de antecedentes y -a veces- entrevista, por lo general esto no debe durar más de 20 minutos. Pero la entrevista de asilo o de miedo creíble puede durar de tres a ocho horas o varios días”, explicó Axelford.
Aunque la medida cuenta con cinco patrocinadores, “sería muy difícil” aliar las visiones demócratas y republicanas, en el caso de estos últimos, explicó Ruiz Soto, “posiblemente argumentaran que esta propuesta podría motivar a más inmigración irregular, especialmente con los recientes aumentos significativos de venezolanos que están llegando a la frontera Estados Unidos-México”.
La congresista María Elvira Salazar aseguró a la VOA que “el motivo para reintroducir la Ley de Ajuste Venezolano es que los venezolanos son la mayor población refugiada del mundo (unos 5,5 millones a fines de 2022) y las cosas no mejoran en Venezuela”.
La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) estima que hay aproximadamente 545.000 venezolanos en EEUU, y aunque algunos de ellos podrían beneficiarse de una ley de ajuste, “la naturaleza a largo plazo de la diáspora forzada de Venezuela” que sigue saliendo de su país “requerirá un alivio continuo”, dijo a la VOA Alexandra Villarreal, asociada de políticas y abogacía del Foro Nacional de Inmigración de EEUU.
“En un Congreso dividido, incluso una legislación bipartidista muy necesaria como esta requerirá mucho impulso para avanzar…Estados Unidos debería considerar vías humanitarias adicionales seguras, ordenadas y confiables”, agregó Villarreal.
La intención detrás del proyecto es que se homologue la Ley de Ajuste Cubano, sin embargo, las condiciones y la situación política en el país son muy diferentes a las de hace más de medio siglo.
“Me resulta difícil imaginar que el Congreso de Estados Unidos apruebe una Ley de Ajuste Venezolano, parecida a la Ley de Ajuste Cubano de 1966”, dijo a la VOA el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Duany.
El investigador recordó que “ya se había presentado un proyecto de ley (H.R. 7854) ante la Cámara de Representantes en 2022 y no tuvo éxito, al no salir del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía”.
Para el profesor, a pesar de que esta nueva versión cuenta con un apoyo bipartidista, “ no parece haber un consenso mayoritario bipartidista en estos momentos para permitir la legalización de unos 400.000 inmigrantes venezolanos en EEUU”.
“En el Partido Republicano, (que domina la mayoría de la actual Cámara de Representantes) el discurso dominante es la urgencia de cerrar las fronteras y reducir el número de inmigrantes extranjeros en este país”, precisó Duany.
Salazar por su parte aceptó que “la inmigración es un tema difícil para los republicanos mientras haya problemas en la frontera”, sin embargo, dice que “entienden que la situación venezolana es única en comparación con otras nacionalidades”.
El inédito beneficio migratorio de los cubanos
A pesar de que el camino cada vez se hace más difícil para llegar a ellos, los cubanos siguen disfrutando de beneficios migratorios únicos en EEUU. Bajo la Ley de Ajuste Cubano, un nacional de la isla puede acceder a la añorada green card y permanecer legalmente como residente permanente si cumple con requisitos como haber sido admitido legalmente en un puerto de entrada al país y haber permanecido al menos un año y un día en territorio estadounidense.
La Cuban Adjustment Act (CAA en inglés) fue una legislación bipartidista, firmada por el entonces presidente de EEUU, Lyndon B. Johnson, el 2 de noviembre de 1966, en medio de una escalada de la guerra fría con la hoy desaparecida Unión Soviética.
Las relaciones con Cuba, ya en ese momento estrecho aliado de Moscú, se hallaban en uno de sus puntos más bajos y la ley sirvió como demostración de intenciones de Washington y de vía para regularizar a los miles de exiliados que habían salido de la isla desde la llegada al poder de Fidel Castro en enero de 1959.
No obstante, la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano ha sido puesta recientemente en entredicho por críticos en el Congreso y activistas que afirman que es una legislación que ya no responde a los propósitos para los que fue diseñada: acoger a los refugiados políticos que salían de Cuba, puesto que la gran mayoría de la migración cubana tiene razones económicas. Por el contrario, analistas afirman que este argumento podría tener fallas, porque aunque muchos huyan de una crisis, esta es provocada por las acciones de un gobierno autoritario que limita muchas de las libertades básicas para un desarrollo pleno.
¿Qué tiene que pasar en el Congreso para que se apruebe esta propuesta de ley?
En EEUU, luego de que una propuesta de legislación es presentada por un miembro de la Cámara de Representantes, esta se remite a un comité en ese cuerpo legislativo. En el caso del proyecto de Ley de Ajuste Venezolano, fue referido al Comité Jurídico sin fecha para su discusión.
El Comité estará encargado de realizar audiencias y estudiar la propuesta para decidir si es aprobada o no antes de enviarla a debate general, donde debe ser aprobado al menos 218 votos de los 435 miembros. Si pasa esta etapa, es enviada al Senado donde debe pasar un proceso similar, que incluye debates y votación.
Este proyecto de legislación no es el único en su tipo en ser llevado ante la Cámara estos últimos meses.
También en junio, los representantes Mike Quigley (D-IL), Bill Keating (D-MA), Brian Fitzpatrick (R-PA), y Marcy Kaptur (D-OH) presentaron un proyecto de Ley de Ajuste Ucraniano, para “traer estabilidad a las vidas de los ucranianos que residen en EEUU bajo un parole humanitario”.
Los congresistas se apoyan en la necesidad de regularizar a los más de 271.000 ucranianos que han ingresado a EEUU tras el inicio de la invasión rusa a ese país europeo.
En diciembre pasado, la Cámara de mayoría demócrata no aprobó el proyecto de Ley de Ajuste Afgano, que proporcionaría un camino hacia la residencia permanente para decenas de miles de evacuados afganos que podrían tener que regresar a su país, ahora ocupado por los talibanes.
“El camino para obtener la mayoría que se requiere, especialmente ante un año electoral, es bastante complicado y largo. Aun así, es bueno que la propuesta empiece a trazar las posibilidades y apoyo que existe para su consideración después de las elecciones”, concluyó Ruiz Soto.
