Liberan a Marcos Palma, condenado a 15 años de prisión por audio de WhatsApp con una denuncia

En la madrugada de este sábado fue liberado Marcos José Palma Martínez, quien se encontraba privado de libertad desde el pasado 6 de enero de 2025, tras ser condenado a 15 años de prisión por enviar un mensaje de voz a través de WhatsApp en el que denunciaba el retraso en la entrega de bombonas de gas doméstico en Los Teques.

La liberación se produjo luego de que la Corte de Apelaciones anulara la sentencia emitida por un tribunal de juicio. Así lo informó su abogado defensor, quien explicó que “la libertad se produce como consecuencia de la anulación de la sentencia condenatoria a 15 años que había dado un tribunal de juicio. La Corte de Apelaciones revisó y anuló el fallo. La consecuencia es la libertad porque el Ministerio Público entra en cuenta que era necesaria la libertad por razones humanitarias para que se sometiera a exámenes médicos”.

El caso de Palma generó controversia desde su detención, ocurrida pocas horas después de que su mensaje circulara en varios grupos vecinales. En el audio, el ciudadano reclamaba que había pagado por el servicio de gas en diciembre y que, al momento de su denuncia, había transcurrido más de un mes sin recibir la bombona.

También advertía sobre una posible protesta en la carretera vieja Caracas–Los Teques y alertaba sobre la situación de niños y adultos mayores que no podían cocinar por la falta del suministro.

La familia de Palma denunció públicamente la condena como “injusta y desproporcionada”. Su hermana declaró que “Marcos es padre de familia, está enfermo, sufre de la cervical. Hemos tenido que sacarlo del centro de reclusión para hacerle una resonancia”. Asimismo, exigieron una revisión del caso y cuestionaron el castigo impuesto por ejercer un reclamo comunitario.

La excarcelación de Palma se enmarca en un conjunto de liberaciones de presos políticos que se han registrado recientemente en el país, en medio de crecientes llamados de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil por la revisión de casos judiciales considerados irregulares.