Redaccion El Tequeno Héctor Rovaín tenía 34 años cuando entró a la cárcel y sus padres estaban vivos. Sale a los 57 sin haberlos podido enterrar. Luis Molina dejó a su hija como una bebé de tres años y ahora se encontrará con una mujer casada y un nieto por conocer. Erasmo Bolívar, igual que los otros dos, pasó 23 Navidades sin abrazar a los suyos.
Los tres eran funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), una fuerza policial que operaba en Caracas y que ya no existe. Fueron acusados, sin pruebas, junto con otros seis oficiales, por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002, cuando una protesta convocada por la oposición intentó llegar a Miraflores y los manifestantes fueron repelidos a tiros. Balas sobre las que todavía hay dudas de dónde salieron. Ese mismo día, Hugo Chávez fue derrocado por un golpe de Estado, aunque regresó al poder 48 horas después.
Los tres policías metropolitanos eran hasta ahora los presos políticos más antiguos de Venezuela. Con ellos se inició el contador represivo de la revolución bolivariana. Su liberación bajo medidas humanitarias se concretó en la noche del martes y la anticipó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que esta semana también serían liberadas alrededor de otras 300 personas por la misma vía.
En el caso de estos tres policías, la amnistía se les había negado dos veces: en 2007, con Chávez, y en 2026, con Delcy Rodríguez. La medida se anuncia además en medio de la consternación que han dejado las recientes muertes en prisión y las denuncias de desaparición de presos políticos, como la de Víctor Quero, cuya madre, Carmen Navas, lo buscó durante más de un año antes de morir.
La liberación se registró en un video en el que los tres aparecen arrodillados besando el suelo a la entrada del penal ubicado en el estado Lara, con sus uniformes de presos y una bolsa con sus pocas pertenencias. Gran parte de su condena la cumplieron en una institución militar, pero hace cinco años fueron trasladados a esa cárcel, a más de 300 kilómetros de sus casas —son de Caracas y La Guaira—, una decisión que dificultó las visitas y la atención de sus familiares.
“Me faltarían palabras para expresar todo lo que vivimos allí adentro, pero lo más importante es dar las gracias a todas esas personas que estuvieron pendientes de nuestro caso y que nunca nos olvidaron”, dijo Erasmo Bolívar al salir.
Este jueves deberán presentarse ante el tribunal para conocer las condiciones de su libertad. El polémico caso fue radicado en el estado Aragua, aunque los hechos ocurrieron en Caracas, una de las primeras irregularidades de un proceso plagado de ellas. “A todos ellos les cambió la vida después de 23 años en la cárcel”, dice la abogada y activista Yajaira Forero, esposa de Lázaro Forero, otro de los policías metropolitanos que estuvo preso y obtuvo la libertad condicional por razones de salud hace más de una década. Forero ha sido la principal vocera de la causa y este miércoles, desde una protesta por la liberación de los más de 500 presos políticos que aún permanecen detenidos, no ocultó su emoción. “Ellos son los presos políticos con más tiempo ininterrumpido en Venezuela. Llevaban años en calabozos, en cárceles lejanas de sus casas, sin ver a sus familiares. Son años luchando por ellos, en los que cada vez que les negaron la libertad fue un dolor”.
Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín pertenecían a la extinta PM, cuerpo sustituido por la Policía Nacional Bolivariana en 2009. Fueron arrestados tras los sucesos del 11 de abril de 2002, la primera tormenta política entre el chavismo y la oposición, y el capítulo que institucionalizó la polarización en Venezuela.
Hugo Chávez, elegido en 1999, había usado su mayoría legislativa para obtener poderes especiales a través de una Ley Habilitante y gobernar por decreto en amplísimos aspectos de la administración, eludiendo los controles parlamentarios. En ese contexto, cuando la oposición comenzaba a temer las intenciones autoritarias del presidente, se desencadenó una ola de protestas tras la cual se escondía una conspiración militar para deponerlo.
El 11 de abril, una manifestación multitudinaria convocada por los partidos de oposición marchó hacia el Palacio de Miraflores para exigir la renuncia de Chávez. Un grupo de activistas chavistas apostados en los alrededores disparó contra la manifestación, desatando una balacera con los efectivos policiales a cargo del orden público. El saldo fue de 19 muertos y más de 100 heridos. Chávez cayó esa noche, pero recuperó el poder dos días después.
Al retomar el control, su Gobierno decidió abrir causas judiciales contra los responsables de la crisis. Políticos, empresarios y sindicalistas fueron acusados; con el tiempo, muchos fueron amnistiados o se quedaron en el exilio. Los tribunales se ensañaron especialmente con Iván Simonovis, jefe de la policía de la Alcaldía de Caracas, y con los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero y Julio Rodríguez, además de los oficiales Molina, Bolívar y Rovaín. A todos los acusaron de romper el cordón policial para permitir el avance de la marcha y de disparar contra los pistoleros chavistas que aguardaban armados a la multitud. Fueron condenados a 30 años de cárcel.
Simonovis cumplió 15, los últimos en arresto domiciliario, antes de fugarse del país. Los comisarios recibieron hace más de una década medidas humanitarias por razones de salud: dos padecen cáncer. Marco Hurtado y Arube Pérez salieron en 2020 y 2022 tras cumplir sus penas y tiempo adicional por el retardo en la ejecución de sus libertades. Molina, Bolívar y Rovaín, 23 años después, son los últimos en salir libres de la historia del 11 de abril.
“La comunidad internacional empezó a pedir explicaciones por los muertos y heridos de ese día, y los conejillos de indias fueron los PM, no los francotiradores y pistoleros que rodeaban Miraflores. Pero la historia nos dará la razón y se hará justicia”, dice Yajaira Forero. Los policías fueron responsabilizados sin pruebas por dos de las 19 muertes. El resto permanece en total impunidad.
El caso será revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Con los PM se construyó una narrativa para obviar las responsabilidades concretas de quienes asesinaron a 19 personas ese día”, sostiene Alfredo Romero, director de Foro Penal, organización que defendió a varias de las víctimas y llevó el expediente a instancias internacionales, “donde es que va a empezar a determinarse alguna verdad sobre el 11 de abril de 2002”.
Para Romero, el caso es un hito en el desmantelamiento de la justicia venezolana y en la deriva autoritaria del chavismo: lo ocurrido ese día sirvió de pretexto para intervenir el poder judicial y reformar las bases del Tribunal Supremo de Justicia. “La base esencial del soporte de este régimen ha sido el control de la justicia, presentar acciones como supuestamente legales, pero con un objetivo de control político”, señala. “Eso está muy asociado con lo que está pasando actualmente en este intento de recomposición de los actores judiciales”.
Vía AlbertoNews
