Redaccion El Tequeno Ecuador acoge a más de 444.000 venezolanos, muchos en situación irregular, con acceso limitado a empleo, educación y salud. Los procesos de regularización como la VIRTE II y la amnistía facilitaron su integración, pero su eliminación en 2025 deja a miles en incertidumbre y vulnerabilidad. ¿Qué implica la eliminación de estas regularizaciones en términos de protección, integración y economía? A continuación, se presenta un análisis reflexivo sobre el reciente giro de la política migratoria en Ecuador.
En 2024, Ecuador dio un paso relevante en la regularización de migrantes venezolanos mediante un proceso extraordinario que permitió a miles acceder a la Visa de Residencia Temporal de Excepción (VIRTE II), incluso presentando documentos vencidos hasta cinco años atrás. Este mecanismo buscaba disminuir la irregularidad migratoria, facilitar la integración laboral y social, y garantizar derechos esenciales como educación, salud y empleo formal.
Organismos internacionales como OIM y ACNUR respaldaron la medida, destacando que la regularización beneficiaba no solo a los migrantes, sino también a las comunidades receptoras y a la economía nacional, promoviendo una migración segura, ordenada y regulada.
No obstante, en 2025, la política migratoria ecuatoriana dio un giro drástico. La Asamblea Nacional aprobó la denuncia del Estatuto Migratorio bilateral con Venezuela, vigente desde 2010, que durante 15 años había facilitado visas temporales y permanentes y protegido a los migrantes de la criminalización por ingreso irregular. Según el análisis legislativo, este acuerdo dejó de cumplir su objetivo original y representaba cargas económicas para el Estado, lo que motivó su terminación a solicitud del Ejecutivo.
A este cambio se suma la implementación, desde el 1 de septiembre de 2025, de la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte, establecida en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Con esta normativa, los ciudadanos de 44 países, incluyendo Venezuela, deben tramitar obligatoriamente una visa desde el exterior para ingresar a Ecuador, marcando un endurecimiento significativo frente a los mecanismos de regularización anteriores y generando incertidumbre sobre el futuro estatus legal de miles de migrantes.
Este doble giro normativo ocurre en un contexto marcado por la presión migratoria venezolana. La prolongada crisis económica y política en Venezuela ha desencadenado la migración de más de 7,7 millones de personas, en lo que constituye el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina, explica el Banco Mundial.
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