Redaccion El Tequeno Los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela también han expuesto los cimientos rotos de su economía. Más allá del profundo menoscabo social y comunitario, el país también deberá afrontar una factura que podría superar con holgura los 37.000 millones de dólares, en un momento en que carece de músculo financiero, institucional y humano para afrontarla.
Las cifras disponibles apenas esbozan la magnitud del desafío: la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima que los daños en edificaciones residenciales, comerciales o educativas equivalen a 24.000 millones de dólares, mientras que el impacto en infraestructura de agua, telecomunicaciones, vías, energía, puertos, aeropuertos, petróleo y gas alcanzan los 13.000 millones de dólares. Pero si se incorporan las pérdidas indirectas, la interrupción de la actividad productiva y de servicios, la dilación de inversiones y el deterioro de infraestructuras clave, el costo total de la reconstrucción podría superar ampliamente ese estimado.
Las secuelas del desastre natural –igual de imponderables en lo emocional– se agravan tras años de alta inflación, escasez, fuga de talento y desgaste del Estado, que ha perdido funciones básicas, como garantizar seguridad jurídica y física, crear clima de negocios y atraer capitales que resultarán críticos en la siguiente fase del desastre. Lo que está en juego no es poca cosa: sostener el impulso en sectores neurálgicos como petróleo, vivienda, vías de comunicación, telecomunicación y electricidad. También, darle soporte a las pequeñas y medianas empresas y comercios, en un entramado donde se estima que hasta el 80% de los trabajadores opera por cuenta propia y vive al día.
Como en otras contigencias, la recuperación petrolera será fundamental, pues se mantiene como la principal fuente de ingresos. Según la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), su amplia infraestructura no fue impactada por el doblete sísmico, que ha causado 3.685 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda, según el último recuento oficial, además de cientos de edificios dañados.
Sin embargo, el ritmo de las exportaciones se relantizó ligeramente, a 1,2 millones de barriles por día en junio frente a 1,24 millones de barriles en mayo, por demoras en terminales de despacho causadas por los sismos, de acuerdo con datos revisados por Reuters. En una muestra de la siniestralidad regular a la que está expuesta la petrolera, la agencia también reporta que, en solo la semana posterior a los terremotos, la refinería Amuay, la principal del circuito, se detuvo por una falla eléctrica, mientras que un taladro de perforación explotó en la zona central, hiriendo a 17 trabajadores.
“Las operaciones corrientes y la exportación no se han detenido por los terremotos”, resume Armando Arteaga, abogado de petróleo y gas. “Pero es difícil darle seguridad a una empresa ―la que sea, una Exxon o Conoco o Chevron–, que asume que los tribunales venezolanos pueden resolver disputas, que los registros mercantiles pueden ofrecer información para hacer un due diligence o que podrá aplicar criterios tributarios consistentes. Si eso ya venía bajo presión antes del 24 de junio, ahora esa presión se multiplica”, añade el asesor especializado en empresas con interés en explotar las vastas reservas del país caribeño.
La producción de crudo local, así como su precio en el mercado, se han venido recuperando desde la intervención militar de Estados Unidos en Caracas, la detención del mandatario Nicolás Maduro y el inicio de un rol sin precedentes de la Administración de Donald Trump en el tutelaje político y financiero venezolano. El bombeo ha crecido un 28% desde enero a mayo, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), impulsado por nuevos acuerdos para reactivar la industria, como el convenio con Shell para desarrollar un campo de gas o el suscrito con la firma de servicios SLB para modernizar operaciones en campos maduros. A ello se suman los pactos con Chevron y la española Repsol, en una apuesta por atraer inversión extranjera.
“El petróleo va seguir saliendo. La pregunta es si las instituciones que deben sostener toda la estructura, los contratos, proteger la inversión y administrar los ingresos, pueden operar al mismo ritmo de los acuerdos comerciales que asumen. Eso no lo sabemos”, añade el asesor.
Fuga de talentos necesarios
En paralelo, el país se prepara para afrontar un monumental refinanciamiento de su deuda externa, en incumplimiento desde 2017. La cifra podría ascender hasta a 240.000 millones de dólares, según ha publicado el Financial Times; más del doble del PIB del año pasado, calculado en 110.000 millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el FMI, la economía sudamericana se ha reducido a una cuarta parte de su tamaño desde el pico de 2012, impulsado por un boom petrolero que pocos años después dio paso a una de las peores crac de la historia moderna del país y del continente. Este colapso ha empujado a al menos ocho millones de venezolanos a la migración o el exilio, entre ellos profesionales y técnicos altamente calificados. “El terremoto hace aún más evidente el costo económico de esa fuga de talento”, escribió el economista Asdrúbal Oliveros en un análisis sobre la reconstrucción, en el que plantea una pregunta central: “¿quién la va a ejecutar?”.
La nación sudamericana enfrentará una demanda extraordinaria de profesionales desde ingenieros y arquitectos, a personal sanitario o gerentes, pasando por profesionales de salud mental y constructores. La precariedad de los rescates en la zona central del desastre, el Estado costero de La Guaira, demostró que el país además de carecer de capacidad técnica de reacción ante calamidades, también carece de cosas tan básicas como combustible o material sanitario. La recomposición exigirá atraer capital humano, pero también abrir espacios para que la diáspora contribuya con sus conocimientos, en una coyuntura donde el talento se convierte en un activo tan valioso como el financiamiento internacional.
Ante tantas necesidades acumuladas, surge otra pregunta: ¿cuánto de la factura será pagada por Estados Unidos, hoy el principal administrador de los recursos de Venezuela. El Departamento de Estado ha elevado su compromiso de ayuda a más de 300 millones de dólares, mientras que el Gobierno de Venezuela ha anunciado un fondo de 200 millones y apoyos para comerciantes y empresarios, enfocados en la atención inmediata del desastre.
En los cuatro meses desde que EE UU tomó el control de las exportaciones petroleras, casi 100 millones de barriles de crudo, equivalentes a unos 8.000 millones de dólares, han pasado por ese mecanismo, según el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés). “Si bien la administración Trump ha presentado repetidamente este control como beneficioso para ambos países, no ha revelado públicamente cuánto petróleo venezolano ha vendido, cuántos ingresos ha recaudado ni cómo ha utilizado esos fondos”, destaca el análisis.
La falta de transparencia se suma así a la opacidad que ha caracterizado al país durante años, cerrando el margen para anticipar su rumbo económico y cómo asumirá el costo de una reconstrucción a la altura de las necesidades de la población. “Reconstruir un país no consiste únicamente en levantar puentes, carreteras o viviendas. También implica reconstruir capacidades, instituciones y confianza”, añade Oliveros.
