El gobierno destaca que, a pesar de que las fuerzas del orden portan armas «de grueso calibre», apenas se han producido muertes durante los arrestos.
Autoridades de El Salvador dieron a conocer que, hasta el domingo 8 de mayo, han detenido a 26.800 personas bajo el estado de emergencia, entre ellos a más de un millar de menores de entre 12 y 17 años.
El país, que desde marzo pasado vive bajo un estado de excepción aprobado por el Congreso y solicitado por el presidente Nayib Bukele como una medida para frenar la racha de homicidios que azotaba al país, ha hecho una serie de reformas, entre ellas a la Ley Penal Juvenil.
Los cambios permiten capturar y juzgar a menores como adultos si tiene vínculos con pandillas.
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, confirmó el lunes que de acuerdo con esos cambios y el contexto del estado de excepción que vive el país, a la fecha 1.080 jóvenes entre 12 y 17 años han sido capturados por supuestos vínculos con pandillas.
De acuerdo con la reforma, de ser hallados culpables podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión aquellos que tengan entre 12 y 15 años, y prisión de hasta 20 años los de entre 16 y 18 años de edad.
Sin embargo el ministro citó que los menores eran enviados a centros de atención diferentes a las prisiones de los adultos.
Muertes
Villatoro, confirmó también durante una entrevista televisiva al programa local Frente a Frente que 11 personas han muerto bajo custodia del Estado durante el régimen.
El funcionario calificó de positivo el número de muertes «entre 10 u 11», si se tiene en cuenta el número de detenciones realizadas a casi dos meses desde que iniciaron los operativos de capturas. No detalló la identidad de las víctimas o las razones de las muertes.
«Nadie quiere destacar que, a pesar de esta gran cantidad de capturas, las letalidades son mínimas. Y nosotros portamos armas de grueso calibre, estamos equipados», dijoel ministro.
El régimen de excepción promulgado inicialmente el 27 de marzo, después de un fin de semana en el que 87 personas murieron en actos de violencia relacionados con pandillas, amplió los poderes de cuerpos de seguridad para que pudieran realizar arrestos sin una orden judicial.
Desde entonces, más de 26.800 personas han sido detenidas, en un país donde las pandillas tienen alrededor de 70.000 miembros.
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