Al menos 30 familias residentes en el sector San Diego de los Altos, parroquia Cecilio Acosta del municipio Guaicaipuro, solicitan la intervención urgente del Estado ante la amenaza de desalojo que enfrentan desde abril del presente año.
La denuncia surge tras el fallecimiento de Pablo Marín Ascanio, antiguo propietario de un lote de terreno de 24,41 hectáreas donde los habitantes han construido sus viviendas y residido de forma «pública, pacífica e ininterrumpida» por más de 28 años.
Según los afectados, las edificaciones se realizaron con conocimiento y consentimiento de Marín, quien vivió en la misma comunidad y nunca manifestó oposición.
Desde abril, Mariela Corina Ascanio Matamoros, quien se identifica como hija del fallecido y nueva propietaria del terreno, ha emitido reiteradas amenazas de desalojo contra los residentes. Los denunciantes afirman haber intentado establecer diálogo con Ascanio, sin éxito, y señalan que esta se ha negado a cualquier acuerdo de compra o regularización de las viviendas construidas.
Los afectados hacen un llamado directo al fiscal general Tarek William Saab y a los organismos competentes para que se garantice el derecho a la vivienda y se evite un conflicto que podría dejar sin hogar a más de treinta núcleos familiares.
