Redaccion El Tequeno La diputada Elimar Díaz, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 en la mesa de diálogo, detalló que en la tercera ronda de conversaciones acordaron revisar el artículo 105 de la Ley de Contraloría.
Díaz aseguró en X que el objetivo de esta reforma será «que nunca más hayan inhabilitaciones políticas en Venezuela».
El artículo 105 establece el Contralor podrá imponer la «inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años» contra funcionarios públicos por presuntas responsabilidades administrativas.
Esta potestad ha sido usada por el régimen chavista para proscribir a líderes opositores e impedirles ser candidatos en las elecciones venezolanas.Ya en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos impuestas por vía administrativa vulneran el derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegido, consagrado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El tribunal concluyó que para restringir los derechos políticos debe haber una condena dictada por un juez competente en un proceso penal. Ese estándar no se cumple cuando un órgano administrativo o de fiscalización, como la Contraloría General de la República, prohíbe postularse a cargos de elección popular sin una sentencia penal previa.
