Un simple trámite ante la dirección de hacienda del Municipio Guaicapuro para montar, por ejemplo, una bodega en cualquier comunidad tequeña, costará cerca de los 2 mil dólares tras dos decretos publicados en esa jurisdicción por la alcaldesa.
Los dos reglamentos, que contienen el aumento de los impuestos en la capital mirandina, generaron el rechazo de los comerciantes de la zona que lo califican como un acto ilegal que viola la sentencia del TSJ donde obliga a los municipios a suspender el cobro de impuestos por un lapso de 90 días mientras se realizan mesas de trabajo.
Narran que la alcaldesa entregó a la cámara municipal dos ante proyectos de ordenanzas; el primero consistía en crear la Unidad Tributaria Municipal anclada al Petro fluctuante UNITGUAICA y la segunda en la reforma de la Ordenanzas de Actividades Económicas.
Esos dos anteproyectos fueron discutidos en cámara y se aprobaron con observaciones como que fuera adaptado a la realidad actual, marcada por una recesión económica generada por la pandemia.
Una vez aprobadas las dos ordenanzas por el Concejo Municipal se le remitió a la alcaldesa para su promulgación, acto al que se habría negado rotundamente por considerar que no se la aprobaron al pie de la letra como ella lo quería.
Por lo que la máxima autoridad local realizó dos decretos para reformar la actividad económica lo cual es calificado como «ilegal» por usurpar la actividad legislativa que es competencia del Concejo Municipal.
A través de un comunicado, un grupo de comerciantes lamentan la complicidad de una concejala y el Secretario de la Cámara, quienes «supuestamente a espaldas de la mayoría de concejales, se confabularon para hacer dicha publicación convirtiéndose así en un vicio administrativo ilegal, irrito, un hecho de corrupción administrativa, abuso de poder que fácilmente puede ser investigado por la Fiscalía 25 del Ministerio Publico».
Reiteran que es ilegal el aumento de los impuestos de forma desproporcionada a tal punto que no hayan como pagarlos.
Recuerdan que en días pasados el TSJ dictó una sentencia donde obliga a los municipios a suspender el cobro de impuestos por un lapso de 90 días mientras se realizan mesas de trabajos entre comerciantes, empresarios, gobiernos estatales y locales para armonizar dichos impuestos, «lo cual la alcaldesa ha hecho caso omiso cayendo en un posible desacato de ley».
Redacción El Tequeño
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