Si en los próximos días Marcos no puede marcharse, es decir, hacer su maleta, despedirse de la familia, agarrar un avión en el aeropuerto de La Habana y aterrizar en cuestión de minutos en Estados Unidos, será por haber obedecido la ley. Ha esperado nueve largos años para reencontrarse con su padre. Se negó a pagar un coyote, recorrer cualquier ruta migratoria por Centroamérica, arribar a México y cruzar la frontera como un ilegal. Ahora, que llegó el día de su cita en la embajada de La Habana, Donald Trump ha dicho que Cuba es uno de los 12 países cuyos ciudadanos tendrán restricciones para viajar a Estados Unidos desde este lunes. Marco está nervioso. La familia y los amigos no se lo pueden creer. Nadie sabe exactamente lo que va a pasar.
El País | Carla Gloria Colomé
“Todos están destruidos. Son nueve años de su vida que dejan de tener sentido”, asegura su amiga Mabel Cuesta, una académica cubana radicada en Houston, que compartió el testimonio con EL PAÍS. “Esperó este tiempo para hacer un proceso legal, tal como demanda el Gobierno estadounidense, y el premio a esa voluntad de legalidad es castigarlo”.
Marco, de 32 años, a quien cambiamos el nombre para proteger su proceso legal, se presentó el pasado jueves en la sede diplomática de La Habana para solicitar un visado F2B, conferido a hijos e hijas solteras, mayores de 21 años. Aunque el trámite fue aprobado, el visado aún no ha sido emitido por parte de los funcionarios consulares. A las 12.01 a.m. de este lunes todo cambió para los cubanos como él, tanto inmigrantes como no inmigrantes, con visados del tipo B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J. “Ahora está en un limbo, a lo mejor no puede viajar”, dice Cuesta.
Son las consecuencias que empieza a cosechar la última de las medidas a la que acudió la Administración Trump para frenar la entrada de extranjeros al país, tal y como se propuso desde su primer día en la Casa Blanca, y tal como hizo en su primer mandato. Si en 2017 las prohibiciones de viajes fueron destinadas a unos ocho países, en su mayoría musulmanes, hoy el veto se extiende a otros de África y Medio Oriente, y, de este lado del mundo, a Haití, Cuba y Venezuela. La diáspora de estas dos últimas naciones, particularmente afectadas desde la reelección del republicano, no dudaron en respaldarlo en las elecciones de noviembre.
De Cuba, Trump ha dicho en su reciente anuncio que es un Estado patrocinador del terrorismo, cuyo Gobierno “no coopera ni comparte suficiente información policial con Estados Unidos”, que se ha negado “históricamente” a aceptar la repatriación de sus nacionales y que, por si fuera poco, tiene una tasa de “estancias excesivas” en el país tras el vencimiento de visados B-1/B-2 (7,69%), y otra del 18,75% de visados F, M y J.
De Venezuela, el actual presidente expone razones similares: que el país “carece de una autoridad central competente o cooperativa” para expedir pasaportes o documentos civiles, que no cuenta con medidas adecuadas de control y verificación, que se ha negado “históricamente” a aceptar de vuelta a sus nacionales, y que tiene una tasa de “estancias excesivas” tras vencimiento de visados B-1/B-2 del 9,83%.
La restricción a cubanos y venezolanos viene precedida por la suspensión del parole humanitario o el Estatus de Protección Temporal (TPS), que les conferían ciertos beneficios en Estados Unidos. Poco a poco, el Gobierno les ha ido arrebatando permisos de trabajo, garantías legales, y cualquier tipo de ayuda de la que gozaran. Cathy Camionero, una venezolana de 54 años que reside en Virginia, cree que, más que una medida para garantizar “la seguridad nacional”, como dice Trump, se trata de una acción “racista, para segregar, para justificar acciones que no están respetando el debido proceso”, dice.
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