El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) conversó con Edgar Silva, presidente y fundador de Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados, sobre la situación de este sector de la población en el país.
“Hoy, el ingreso de un pensionado es de apenas cinco dólares, lo que significa una condena a muerte. Maduro liquidó el sistema de pensiones, liquidó la seguridad social integral y liquidó la protección social de los adultos mayores”, declaró a la ONG.
Silva explicó que “ilegalmente este gobierno y el de (Hugo) Chávez anclaron el monto de las pensiones al salario mínimo violando la Ley del Seguro Social que establece dos criterios para el otorgamiento de las pensiones: uno es de acuerdo al número de cotizaciones que dio el trabajador en su vida laboral y el otro es el monto del salario que devengaba el trabajador al momento del retiro”.
Entre las demandas de los jubilados y pensionados destacó:
1️⃣ Incremento de las pensiones al monto del salario mínimo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, que tiene como referencia el monto de la canasta básica.
2️⃣ El pago de las pensiones a los venezolanos que están en el exterior que son más de 30.000 personas, a quienes desde octubre de 2015 el gobierno, unilateralmente, decidió suspenderles el pago de la pensión.
3️⃣ Restablecimiento de la comisión de alto nivel que logramos instalar con el presidente fallecido Hugo Chávez en el año 99, y que era integrada por el ministro del Trabajo, el ministro de Finanzas, el presidente del Seguro Social y nuestra organización.
“De acuerdo un informe de la organización Convite, el 73% de los adultos mayores reciben remesas de sus familiares, una cifra alarmante porque estas personas dependen de un tercero para poder sobrevivir, y si a ese tercero le ocurre algún accidente o muere, o simplemente deja de enviar esa remesa, el adulto mayor dejaría de recibir el apoyo y estaría a la deriva”, alertó.
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