Organizaciones no gubernamentales de Venezuela aspiran a que en 2023 se haga una revisión del plan de asistencia humanitaria para concentrar la respuesta en las necesidades de la población y no solo en las capacidades de atención, señaló a EFE Jo D ́Elia, integrante de la plataforma HumVenezuela, que agrupa a varias ONG.
A su juicio, es necesario «sincerar» las «restricciones» que impiden aumentar los objetivos planteados -atender a 5,2 millones de personas en 2022-, «para lo cual es necesario hacer efectivas las acciones o medidas» tomadas por el Ejecutivo en nombre de la población con necesidades urgentes.
D ́Elia cree que se deben crear vínculos que favorezcan la activación conjunta de los sistemas de respuesta internacionales para atender la crisis en Venezuela, donde -aseguró- es necesario lograr «avances creíbles» en la resolución del conflicto político para reducir las necesidades a mediano plazo.
A juicio de las ONG agrupadas en HumVenezuela, una solución a la crisis de legitimidad que atraviesa el Gobierno, que no es reconocido por algunos países, ayudaría a la causa humanitaria en el país que, según ONU, requiere de 795 millones de dólares solo en 2022.
«A corto plazo, hay que redoblar los esfuerzos para contar con una actuación coherente, responsable y constante de todos los sistemas en la protección de los derechos humanos, y (garantizar) la continuación de la respuesta humanitaria el tiempo que sea necesario», remarcó.
El activista indicó que se espera una incorporación cada vez más recurrente de los organismos internacionales en apoyo de las organizaciones locales y en la «protección del espacio cívico, incluyendo el espacio para desempeñar la defensa de los derechos humanos y la asistencia y protección humanitaria».
Desde 2019, Venezuela recibe donaciones internacionales, muchas de ellas canalizadas por ONU, para aliviar los embates de unos depauperados servicios públicos y de la pobreza extrema en que se encuentra cerca de la mitad de la población, según estimaciones independientes.
