Varios periodistas iberoamericanos y expertos en investigación de datos públicos pidieron este miércoles más acceso a la información sobre propiedades de empresas para poder luchar contra la corrupción, pero también para asegurar derechos de la ciudadanía.
Durante el «Encuentro Internacional sobre corrupción y Derechos Humanos en Venezuela» celebrado ayer y hoy en Madrid, Carlos Cordero, del grupo Access Info, recordó que acceder a información de interés público «no debe ser un privilegio sino un derecho».
Cordero hizo referencia a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de noviembre del pasado año que sostiene que el acceso público a los registros de titularidades reales supone «una injerencia en los derechos fundamentales» al respeto de la vida privada y a la protección de datos personales.
«Nos viene a decir que acceder a esta información no es un derecho público, sino un privilegio y es algo que no solo afecta a la corrupción, sino que también erosiona la confianza del Estado de Derecho», incidió.
UN «OBSTÁCULO» QUE AFECTA A OTROS DERECHOS
Según Cordero, la falta de acceso a este tipo de información afecta también a investigaciones sobre cuestiones de pesca ilegal o delitos ambientales y recordó que, en última instancia, este obstáculo también afecta «a la competitividad justa en el mercado».
«A no ser que colisione con otro derecho fundamental es algo que debería ser público porque ayuda al ejercicio de otros derechos y da robustez al Estado de Derecho y la democracia», incidió.
En esa misma línea se expresó Maira Martini, de Transparency Internacional, quien lamentó este «atraso» derivado por esta sentencia y subrayó que los periodistas y plataformas de transparencia y datos libres no quieren acceder a información personal.
«No queremos información sobre el género de esa persona, sobre su identidad sexual, su religión… sino la relacionada con sus cuentas», reclamó esta experta en flujo de dinero corrupto.
Así, defendió que una buena investigación puede basarse en filtraciones pero también en información pública que debería ser de acceso libre.
SER MÁS CREATIVOS Y MÁS DIDÁCTICOS
Romina Colman, del Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP por sus siglas en inglés) subrayó la importancia de las bases de datos y pidió ser «creativos» para encontrar esa información, por ejemplo a través de agencias gubernamentales.
Colman criticó que estas bases de datos no estén «diseñadas» para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellas y apuntó a que «cada click» que hay que hacer para conseguir información en una página web «es una barrera»: «no todo el mundo tiene la paciencia y el tiempo».
«Si te piden información personal como tu pasaporte es otra barrera porque te va a dar miedo y no lo vas a hacer», reclamó.
Además, solicitó a los periodistas y plataformas ser más cercanos y didácticos para que estas informaciones sobre corrupción puedan llegar a la población.
Por su lado, Joaquín Gil, periodista del diario español El País, alertó sobre la información que la población recibe a través de aplicaciones de mensajería instantánea y de la que no suele cuestionar su veracidad.
Gil se refirió a varios trabajos sobre corrupción y blanqueo de imagen que su periódico ha llevado a cabo y recordó que la ciudadanía también espera resultados judiciales de estas investigaciones periodísticas.
