Este lunes, mientras el exembajador en Caracas Armando Benedetti trataba de minimizar el alcance de sus afirmaciones sobre la supuesta entrada irregular de 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro atribuyéndolas “a la rabia y el trago”, la crisis para el Gobierno seguía creciendo.
El ambiente ayer en la Casa de Nariño fue de tensión. Mientras el país seguía los nuevos desarrollos del escándalo, en Palacio la consigna fue seguir adelante, como si la pelea entre dos de los más cercanos alfiles del jefe de Estado no lo hubiera ya tocado directamente a él. Empezando por el propio presidente Gustavo Petro, quien cumplió al pie de la letra su agenda de trabajo. Se reunió con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en busca de su fortalecimiento; con la cúpula militar para analizar cómo sería un inminente cese del fuego con la guerrilla del Eln; con los ministros de su gabinete y de manera urgente designó al embajador en Venezuela que reemplazará a Benedetti. Se trata de Milton Rengifo Hernández, un hombre de su entera confianza.
La instrucción del Presidente fue cumplida a cabalidad: en Palacio no se habla del tema. De esta manera, el Presidente busca así enviar el mensaje de que a pesar de la coyuntura el Gobierno no se va a paralizar.
Eso sí, previamente, se mostró categórico: “Yo no acepto chantajes ni veo la política como un espacio de favores personales”, escribió, cerca de la medianoche del domingo, en su cuenta de Twitter.
“Aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país. Es eso lo que me mueve y obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el Gobierno, es mejor que se separen de él”, añadió.
“Creo entender qué le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y el país”.
De esta manera, un escándalo que empezó con el robo de un maletín con dólares —la cifra más mencionada son 7.000—, el aparente uso irregular de un polígrafo con Marelbys Meza, la niñera que trabajaba con Sarabia, y que luego derivó en una investigación por chuzadas ilegales ya va en el posible ingreso irregular de 15.000 millones de pesos a la campaña que llevó al primer dirigente de izquierda a la Casa de Nariño. El caso así echó raíces en el ámbito judicial.
En el camino quedó rota la relación entre Sarabia y Benedetti, quienes luego de trabajar juntos durante siete años continuos llegaron a la campaña presidencial con tanto éxito que se convirtieron, después en el Gobierno, en sus funcionarios de mayor confianza. Los malos términos de esa relación quedaron a la vista del país en los insultantes audios enviados por Benedetti a Sarabia, que fueron revelados por la revista Semana.
Las consecuencias en el futuro tanto para el país como para Petro están por establecerse. Ayer se anunció, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamará a Sarabia y a Benedetti para que rindan testimonio “con el objetivo de que expongan sobre todo lo que les conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición del Pacto Histórico y las circunstancias que consideren frente a la materia de objeto de investigación”.
A cien metros de Palacio, entre tanto, el impacto de lo que ocurre se sintió en el Legislativo con el anuncio de David Racero, presidente de la Cámara y otro de los líderes del Pacto Histórico, de “congelar las discusiones de las reformas hasta que podamos dialogar y reconstruir la coalición de gobierno”.
Los tres proyectos sociales esenciales para Petro —reformas pensional, laboral y de salud— quedan ahora en el limbo, a escasas dos semanas de la finalización de la legislatura.
¿Era necesario esta decisión? Racero es un defensor incondicional del Gobierno y acudió al pragmatismo por la nueva realidad política en la que todo pasa por el desenlace de este escándalo.
De hecho, ayer estuvo presente Federico Gutiérrez, excandidato a la Presidencia, para radicar una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por “la posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego, posiblemente con dineros del narcotráfico”.
Al margen de la discusión política, los analistas ponían sus ojos en los efectos sobre la economía del país. Así, algunos gremios de la producción mostraron su preocupación por el impacto que esto tiene sobre la inversión extranjera, la confianza, el consumo y el crecimiento económico del país.
“Esto es un campanazo para los congresistas que están discutiendo reformas que no son populares y hacemos un llamado a las instituciones para que haya absoluta claridad, transparencia y celeridad en las investigaciones”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló por su parte que, si bien los empresarios han sido críticos de las reformas que adelanta el Gobierno, esa situación no debe ser el motivo para frenar su discusión en el Congreso. “Hubiésemos preferido que el Congreso tuviera la oportunidad de hacer el debate de las reformas y se conocieran los efectos sobre la economía y los colombianos y de esta forma se pudieran replantear y ajustar según las necesidades del país”, aseguró Mac Master.
“La institucionalidad de Colombia está a prueba. No tener esa claridad nos perjudica a todos”, dijo a su vez María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.
Ahora bien, ¿qué salidas hay? Daniela Garzón, politóloga de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), recuerda que en muy poco tiempo Petro perdió por distintas circunstancias a su primer anillo. “Ya no están con él Sarabia, Roy Barreras, Prada. El Presidente perdió a las personas que le ayudaron a impulsar la campaña y preocupa no solo esa sensación que puede transmitir de soledad, sino que se quede defendiéndose mediante su Twitter. Él debe actuar rápido y recompone el equipo para volver a tejer lazos de confianza en Palacio”.
Héctor Riveros, analista político, dice que el Presidente puede dar un viraje para tratar de sanar las heridas, aunque teme que lo sucedido es tan grave que, inevitablemente, la oposición se lo va a sacar cada vez que vaya por un camino que no les guste.
“Esta crisis, que para ser conjurada requiere de un viraje de 180 grados por parte del Gobierno, afectará su agenda legislativa y las elecciones regionales del 29 de octubre”, dice el analista Gabriel Cifuentes.
Mientras Racero pide rearmar la colación surge la pregunta de con quién.
La línea predominante en el ala dura del Pacto Histórico le apuesta a tratar de mostrar la crisis desatada por el ‘fuego amigo’ de Benedetti como producto de un entrampamiento. Y esa posición radical, sin esperar los resultados de las investigaciones de rigor, va a dificultar aún más el ya precario diálogo del Gobierno y su bancada con las otras fuerzas políticas
Consejo Gremial habla
El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado para que se realicen las investigaciones necesarias en el caso Benedetti. A través de un comunicado, manifestó su preocupación por las revelaciones públicas que insinúan la posible ocurrencia de conductas que afectan la legitimidad de las instituciones.
Aprobación de Petro cae
Según la más reciente encuesta de Datexco para La W Radio, la desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro es del 60 %, mientras que su aprobación del 26, el nivel más bajo desde que arrancó su mandato. Además, al 53 % de los encuestados no le gusta el manejo que le da a su Twitter.
El canciller responde
En declaraciones a los medios de comunicación, el canciller, Álvaro Leyva, habló sobre los audios de Armando Benedetti y su salida del Gobierno. “A Benedetti cómo se le puede creer, (…) él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse ustedes a pensar, ¿a ustedes les parece una buena fuente?”, dijo.
Denuncian a Petro
Federico Gutiérrez denunció al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El excandidato lo hizo por “el presunto delito de financiación ilegal de campañas, por dineros ilegales que al parecer entraron a su campaña”, según los audios del exembajador Benedetti.
Respaldo a exdirectora
El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, dijo que la general Olga Salazar, la directora de la Dijín en el momento de la interceptación ilegal de los celulares de dos trabajadoras de Laura Sarabia, “nunca supo de las interceptaciones”, y afirmó que nada fue a espaldas de la institución.
