Redaccion El Tequeno Las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) determinan qué compañías y operaciones pueden participar legalmente en actividades petroleras y gasíferas específicas. Parte del dinero procedente de ciertas ventas permanece, además, en cuentas designadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que las autoridades venezolanas presentan sus necesidades de gasto y que Estados Unidos controla el proceso de desembolso de esos recursos.
La propiedad, sin embargo, no cambió: el petróleo y esos ingresos siguen siendo venezolanos, pero el Gobierno de Venezuela no puede disponer por sí solo de una parte de ellos. Esa separación entre propiedad y capacidad de decisión es una de las características centrales del esquema que ahora acompaña la recuperación petrolera.
Que las instituciones venezolanas hayan perdido la capacidad de ofrecer controles confiables puede explicar una supervisión excepcional; no resuelve de dónde proviene la legitimidad de quien asume esas funciones ni hasta dónde puede ejercerlas. Si los recursos que siguen perteneciendo a Venezuela quedan sujetos a decisiones de otro Estado, el estándar no debería limitarse a evitar que el dinero sea desviado: tendría que permitir conocer quién decide, con qué mandato, bajo qué criterios y, sobre todo, cuándo termina esa autoridad extraordinaria.
Esa exigencia resulta aún mayor porque Estados Unidos no administra esos recursos desde una posición neutral. La propia orden que protege los fondos establece que el mecanismo también responde a sus objetivos de política exterior y de seguridad nacional. Los intereses estadounidenses y venezolanos pueden coincidir en determinadas decisiones; el diseño del sistema no garantiza que siempre lo hagan.
El propio Gobierno estadounidense ha explicado qué intereses económicos acompañan esa política. Durante su visita a Caracas el 11 de febrero de 2026, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó, junto a Delcy Rodríguez, que Estados Unidos trabajaba en nuevas licencias para que empresas ya presentes y otras que quisieran entrar en Venezuela pudieran invertir capital, aumentar la producción petrolera, crear empleos y elevar los ingresos por exportaciones. También planteó aumentar la producción venezolana de petróleo, gas natural y electricidad mediante la cooperación entre ambos países.
Estados Unidos, por tanto, supervisa parte de la renta petrolera al tiempo que impulsa más inversión, más empresas y una mayor producción en el sector que la genera. No existe necesariamente una contradicción entre ambos objetivos, pero sí una concentración de funciones que hace más relevante saber cómo se toman las decisiones y quién puede examinarlas.
La primera prueba de ese sistema puede medirse en algo mucho más concreto: el seguimiento del dinero. Cuánto petróleo se vende, cuánto ingresa realmente, dónde queda depositado y qué puede conocer el público sobre el destino posterior de esos recursos.
¿Hasta dónde puede seguirse el dinero del petróleo venezolano?
Más de US$13,000 millones en ingresos procedentes del petróleo venezolano habían sido recaudados bajo el esquema estadounidense a finales de julio, según cálculos del Financial Times. La magnitud puede estimarse. Lo que no existe, con el mismo nivel de precisión, es una cuenta pública que permita reconstruir cuánto de ese dinero fue desembolsado, para qué se autorizó y cuánto permanecía aún bajo control estadounidense.
Esa ausencia obligó incluso a analistas externos a reconstruir una parte del flujo a partir de datos de buques, de volúmenes exportados y de precios del crudo.
Roxanna Vigil, exasesora sénior de política de sanciones de OFAC y exdirectora para Asuntos Andinos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calculó que durante los primeros cuatro meses del mecanismo, casi 100 millones de barriles, valorados en unos US$8,000 millones, circularon sin que hubiera un registro público completo de las ventas, los ingresos y el uso posterior de los fondos.
La información disponible tampoco permite reconciliar fácilmente las distintas etapas. Vigil recoge que, en abril, un funcionario del Departamento de Estado informó al Congreso que se habían autorizado alrededor de US$3,000 millones para Venezuela, pero no pudo precisar cuánto dinero permanecía en las cuentas del Tesoro.
Eso introduce una diferencia importante entre el control y la rendición de cuentas. Un sistema puede exigir presupuestos, autorizar desembolsos y auditar posteriormente el gasto sin ofrecer al público información suficiente para reconstruir cada una de esas decisiones.
En el caso venezolano, la distancia resulta especialmente incómoda: quien supervisa el dinero puede tener más información sobre su recorrido que los ciudadanos a quienes ese dinero pertenece. Si la supervisión externa pretende corregir los problemas de opacidad y discrecionalidad que acompañaron durante años el manejo de los recursos públicos venezolanos, reproducir una brecha de información bajo una autoridad distinta deja sin resolver una parte esencial del problema.
Y la opacidad no termina en el destino del dinero. También importa cómo se decide quién obtiene acceso, influencia y participación dentro del sistema que ahora lo administra.
¿Quién decide quién entra en el nuevo sistema?
La falta de información pública también afecta a quienes participan en el circuito. Roxanna Vigil señala que el Gobierno estadounidense no ha publicado los acuerdos suscritos con el Gobierno venezolano, operadores, compradores, bancos y otras entidades involucradas. Marco Rubio y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se comprometieron ante el Congreso a entregar parte de esa documentación, pero no existe una versión pública que permita examinar todas las condiciones pactadas.
Esa falta de visibilidad cobra otro peso cuando se observa quién ha tenido capacidad de intermediación. Mauricio Claver-Carone, que entonces no ocupaba un cargo formal en el Gobierno estadounidense, reconoció que él y otros funcionarios utilizaron al empresario Alejandro Betancourt como intermediario con el gobierno de Delcy Rodríguez. Explicó que Betancourt conocía el negocio petrolero de ambos países y podía conectar a las partes.
El historial del empresario vuelve esa elección difícil de tratar como un mero detalle. En junio, la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir una investigación contra Betancourt y otros empresarios por presunto blanqueo de capitales vinculado a una operación por US$4,850 millones entre PDVSA y la Administradora Atlantic. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que aún deben esclarecerse operaciones relacionadas con movimientos de fondos hacia Europa y con presuntos pagos a funcionarios venezolanos. Betancourt no ha sido condenado por esos hechos y ha negado las acusaciones de corrupción y lavado de dinero.
