Redaccion El Tequeno La combinación de mejores perspectivas para el sector petrolero y el recorte de las sanciones por parte de EE.UU. podría llevar a la economía de Venezuela a crecer incluso encima del 10%, aunque cualquier recuperación reciente debe interpretarse como un rebote desde niveles extremadamente bajos.
“Para 2026, los analistas estamos viendo un crecimiento claramente superior al 10%, porque la actividad petrolera va a crecer por lo menos un 25%”, dijo a Bloomberg Línea el economista venezolano José Guerra, quien ha sido miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas.
“El efecto que eso tiene en sí mismo, en la composición del Producto Interno Bruto, más el efecto arrastre sobre los otros sectores, da un crecimiento que va a estar entre 10 y 12%”, agregó.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento para Venezuela de 4% para 2026 y de 6% para 2027, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es más optimista y estima una expansión de 6,5% en 2026.
Según Guerra, el entorno actual es favorable para la expansión económica, aunque advierte que la inflación seguirá siendo alta. Menciona que el país podría recibir alrededor de US$5.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI tiene asignado a Venezuela y “que no le entregó en septiembre del 2021 porque el país no estaba reconocido”.
“Ahora que está reconocido por el FMI, por los multilaterales, ese dinero va a entrar y además puede acceder a otras líneas de financiamiento”, afirmó Guerra.
De manera tal que, “cuando conjugas el aumento de la producción petrolera este año, el financiamiento del FMI y otras líneas de crédito del Banco Mundial, claramente te va a dar que el país tiene los recursos para financiar el crecimiento”.
La reciente flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre el futuro económico de Venezuela.
Entre febrero y abril de este año se han autorizado transacciones que previamente estaban bloqueadas.
Desde la venta de diluyentes y la reanudación de operaciones de grandes empresas petroleras, hasta la posibilidad de realizar transacciones con el Banco Central de Venezuela y otros bancos públicos, así como avances hacia una reconexión con el sistema financiero internacional.
A ello se suma el restablecimiento de contactos entre el Gobierno interino venezolano y organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, luego de varios años sin relaciones formales.
El especialista en asuntos venezolanos y profesor de Macroeconomía de la Universidad del Rosario en Colombia, Roberto Pérez, dice que, tras años de aislamiento financiero y comercial, las nuevas licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permiten reactivar operaciones clave en sectores estratégicos, especialmente en el ámbito petrolero y financiero.
Sin embargo, “aunque estas medidas representan una señal positiva, están lejos de garantizar una recuperación sostenida de la economía venezolana”, dijo Pérez. En el corto plazo, “estas decisiones pueden generar un impulso relevante. La reconexión del sector de hidrocarburos con su principal mercado histórico, Estados Unidos, podría traducirse en un aumento significativo de la producción petrolera”.
Dado el peso estructural del petróleo en la economía venezolana, este repunte podría transmitirse hacia otros sectores, particularmente los servicios, generando un aumento del producto interno bruto (PIB) en 2026 y posiblemente en los años siguientes. Sin embargo, explica que este optimismo debe matizarse con una perspectiva histórica.
“Venezuela ha atravesado uno de los colapsos económicos más profundos registrados en tiempos recientes. Entre 2014 y 2020, la economía perdió más del 70% de su tamaño. Solo entre 2016 y 2019, la contracción promedio anual fue cercana al 18%”, indicó Roberto Pérez.
A ello se suma la ausencia de cifras oficiales completas para algunos años, en los que la pandemia probablemente agudizó la caída.
Se suavizan las sanciones
Estados Unidos suavizó este mes las sanciones contra el banco central de Venezuela, en un intento de la administración de Donald Trump por reactivar el sector petrolero del país tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.
Bloomberg informó que el Departamento del Tesoro emitió una licencia general que permite a las instituciones financieras y a otras entidades realizar negocios con el banco central de Venezuela, junto con un pequeño número de otras instituciones del país.
Según declaró Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, antes del anuncio, la flexibilización de las sanciones contra el banco central de Venezuela daría “una verdadera profundidad al mercado cambiario”.
Previamente, la Administración Trump levantó las sanciones a la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y fue retirada de la denominada ‘Lista Clinton’.
“Valoramos la decisión del presidente Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.
Sectores que impulsarían la economía
Sobre los sectores que impulsarían la economía venezolana, el economista Guerra señala que el comercio y los servicios crecerían alrededor de 7% en 2026, impulsados por el aumento de las ventas.
También ve potencial en el sector financiero, que podría expandirse aún más si se reduce el encaje bancario porque podría favorecer la dinámica del crédito. Asimismo, prevé un crecimiento de la manufactura, especialmente en áreas vinculadas al petróleo.
“El crecimiento va a ser generalizado, obviamente asimétrico”, dice Guerra, quien considera que “indudablemente” la reducción de las sanciones por parte de EE.UU. va a contribuir a impulsar la economía.
En términos generales, explicó que el levantamiento de sanciones de Estados Unidos ha permitido mayor operatividad financiera -incluyendo transferencias, corresponsalías y acceso a divisas-, lo que ha mejorado el funcionamiento del mercado cambiario.
“Todo este levantamiento de sanciones crea un clima, digamos auspicioso, para el crecimiento económico en este año”, indicó Guerra. Añade que, aunque las sanciones petroleras no se han eliminado completamente, sí se han flexibilizado, facilitando la participación de empresas como Chevron (CVX), el regreso de Repsol y la entrada de nuevos competidores.
“La licencia 56 que emitió OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es prácticamente una eliminación de la sanción. La única diferencia es que Estados Unidos mantiene el control del petróleo (…) el dinero lo maneja el Departamento de Tesoro”, apuntó Guerra.
Guerra describe el contexto actual como uno de “expectativa favorable”, aunque aclara que las inversiones aún no se han materializado plenamente en mejoras para la población.
“El primer trimestre fue malísimo, en términos de devaluación e inflación, que fue del 650% anual en marzo”, expuso.
“Pero la tasa de devaluación de abril hasta el día de hoy es de apenas el 1,6%. Eso quiere decir que es probable que la inflación este abril esté en un dígito apenas, 3 o 4%, que para los estándares nuestros sería una buena cifra”.
Subraya que uno de los principales retos de Venezuela sigue siendo el bajo nivel salarial que, según dice, ronda entre US$100 y US$120 mensuales en promedio (sumando los bonos estatales). “El crecimiento históricamente en Venezuela toma tiempo en reflejarse en la economía.
El efecto derrame no es inmediato. Se estima que ese impacto comenzará a observarse a partir del segundo semestre, cuando la producción gane mayor impulso y sectores como la manufactura y el comercio empiecen a contratar más personal y a pagar mejores salarios”, remató Guerra.
Una recuperación sostenible
En este contexto, el analista Roberto Pérez argumenta que cualquier recuperación reciente debe interpretarse como un rebote desde niveles extremadamente deprimidos, más que como evidencia de una transformación estructural.
Para el analista, “el verdadero desafío no es simplemente crecer, sino hacerlo de manera sostenida y sobre bases sólidas, como ocurrió durante gran parte del siglo previo a la debacle económica reciente”.
Para ello, considera que es fundamental garantizar la estabilidad macroeconómica, la apertura a la inversión y la consolidación de un entorno político creíble que garantice la propiedad privada. Sin estos elementos, dice Pérez, el actual repunte corre el riesgo de convertirse en un episodio de crecimiento transitorio, más que en el inicio de una nueva trayectoria de desarrollo económico.
En ese sentido, la ausencia de señales políticas claras sigue siendo un obstáculo central. Muestra de esto, añade, es que no hay definiciones sobre el calendario electoral, la independencia de las autoridades electorales, ni la participación de actores clave de la oposición.
En su opinión, tampoco existe aún una hoja de ruta clara para fortalecer instituciones clave como el Banco Central, el Tribunal Supremo de Justicia o la estatal petrolera PDVSA.
“Esta incertidumbre limita la confianza de los inversionistas y dificulta la construcción de expectativas favorables de mediano y largo plazo”, remató Pérez.
