La Procuraduría del Reino de los Países Bajos para el Caribe Neerlandés plantea la necesidad de entablar un convenio bilateral de extradición entre las islas y Venezuela.
Este propósito fue revelado por el titular del Ministerio Público Ton Maan en el informe anual correspondiente a las actividades desarrolladas en 2022. El documento, presentado recientemente, hace énfasis en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, en especial para atacar a las distintas manifestaciones del delito organizado.
El informe de Maan destacó que en 2022 se intensificó la asistencia legal con las antiguas colonias francesas en el Caribe. Igualmente, se estrecharon lazos con la oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia norteamericano y con el gobierno de Nicolás Maduro.
En Aruba, Curazao, Sint Maarten y Bonaire, las solicitudes de extradición, tanto de sus nacionales como de personas extranjeras solicitadas por terceros países, son evaluadas tomando en cuenta un decreto que rige desde los tiempos en que estas islas eran colonias neerlandesas. Maan indicó que se han iniciado las consultas para reformar y actualizar esta norma.
La inexistencia de un convenio bilateral de extradición entre estas islas caribeñas y Venezuela deja a discreción de los países la decisión sobre los procedimientos a seguir en casos específicos.
Caso Scrapyard
En Venezuela, el último caso conocido ocurrió en 2021 tras la captura de Julio Alberto Guerrero, alias Kuchi. Este neerlandés de origen curazoleño, era buscado internacionalmente por el asesinato de Werner Mingeli, perpetrado en septiembre de 2016.
Guerrero, al parecer, actuó por encargo de organizaciones colombianas en este caso, conocido como Scrapyard. Igualmente, es vinculado con un triple homicidio reportado en un estacionamiento del sector Campo Alegre de Curazao, en julio del mismo año. En ambas oportunidades, las matanzas fueron ejecutadas con disparos de ametralladora.
Al conocerse la captura de Kuchi, el gobierno neerlandés inició los trámites para su extradición desde Venezuela. El hombre de 36 años de edad fue llevado del estado Falcón a Caracas, mientras se definía su futuro en la sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Permaneció en la sede de la Policía Nacional de Antímano.
La ponencia quedó a cargo del magistrado Maikel Moreno. En su sentencia, emitida el 24 de noviembre de 2021, se indicó que no existe un tratado bilateral para regular la entrega del detenido.
“Entre el Reino de los Países Bajos (Curazao) y la República Bolivariana de Venezuela, no existe tratado bilateral de extradición. También se verifica la no vigencia de un tratado multilateral, en la misma materia, que haya sido suscrito y ratificado por estos Estados”, indicó.
Sin embargo, era claro que había la disposición de entregar al presunto homicida, por lo que Moreno acudió a un análisis comparado de las legislaciones penales de Curazao y Venezuela. Determinó que los delitos imputados a Guerrero en la isla tienen equivalencia en las normas penales nacionales.
El traslado del sicario a Curazao fue autorizado.
Según el titular de la Procuraduría, en 2022 se hicieron más frecuentes las solicitudes de extradición que involucran a Aruba, Curazao y otras antillas. Sin embargo, Maan observó que la carencia de recursos financieros en estas jurisdicciones “tiene un impacto negativo en toda la cadena de aplicación de la ley”. Los pocos recursos disponibles, indicó, son encauzados hacia programas relacionados con la lucha contra la delincuencia y la seguridad fronteriza.
En este informe, el Procurador destacó el resultado de una pesquisa sobre tráfico de drogas desde Venezuela, conocida como Capo gracias al nombre de la embarcación que era usada por la organización. El expediente finalizó con condenas contra cuatro implicados, a pesar de que habían sido absueltos en primera instancia. Entre ellos, un popular fotógrafo curazoleño Hubert Welvaart, mejor conocido como Umpi.
