Productores agrícolas denunciaron que en lo que va de año han proliferado las imitaciones de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes, debido a un incremento de importaciones sin controles sanitarios, productos que ingresan al país por vías del contrabando o son adulterados y se comercializan sin ningún tipo de fiscalizaciones, ocasionando que los cultivos no sean protegidos de plagas, disparando los costos de producción, además generando contaminación y daños de salud a personas que los aplican sin protección como infartos o accidente cerebrovasculares.
“El 25 de julio, la Asociación de Fabricantes de Químicos Agropecuarios de Venezuela (Afaquima), hizo una denuncia de productos en el mercado que eran plagio de marcas originales. Es decir, estaban usando marcas registradas de asociados en Afaquima y el contenido de los envases era totalmente manipulado. Son productos de mala calidad que cuando se aplican al cultivo no se da el efecto deseado. Se aplica un insecticida y no mata el gusano de las matas de maíz, si se aplica un herbicida y no mata la maleza, en ocasiones ha provocado fitotoxicidad al cultivo, generando grandes pérdidas económicas para los productores que terminan pagando los consumidores finales”, expresó Ramón Bolotín, director de Oleaginosas y Leguminosas de Fedeagro.
Fedeagro no reporta pérdidas de cosechas completas en Venezuela por la aplicación de agroquímicos piratas. Los agricultores han detectado a tiempo estos productos y los han cambiado.
Según Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos (SVIA), para no caer en las redes de comerciantes que venden agroquímicos ilegales, los productores deben estar alerta de que los productos cuenten con el registro del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai).
“Se deben fijar también en las fechas en que son fabricados estos productos. Registrar un herbicida en Venezuela puede tomar dos o tres años por los ensayos que se les debe aplicar para determinar su eficacia”, reveló. Indicó que este año para el ciclo de siembra de invierno, donde se cultiva maíz y arroz, un 45% de los productores del país no lograron satisfacer sus requerimientos de fertilizantes y fórmulas completas por la escasez en Venezuela.
El sector agrícola comenzó a registrar escasez de insumos agroquímicos de buena calidad desde que el Gobierno expropió la transnacional Agroisleña en 2010, y desde que la Petroquímica de Venezuela S.A (Pequiven), bajó su producción de fertilizantes y urea.
“Los insumos de buena calidad son muy costosos. Un litro de Basagran original (herbicida), ronda los 25 y 30 dólares en el mercado y no se consigue en cualquier comercio. Con un litro se puede fumigar una hectárea. Me pasó que compré un herbicida más barato y no mató las malezas de la siembra”, indicó José Meléndez, productor de arroz de Portuguesa.
Afirma que debe estar atento cuando acude a comprar agroquímicos, porque a veces hasta los ligan con agua.
“Antes en Agroisleña se podía comprar todos los insumos que se necesitaban, sólo te pedían la cédula y aquellos productores que no tenían recursos eran financiados por esta empresa. Ahora hay un montón de trabas, no se consiguen las cantidades necesarias, y los pequeños productores que no están registrados en una asociación o gremio del sector privado, a veces se desesperan y terminan comprando cualquier producto para abaratar costos”, indicó Máximiliano Pérez, presidente de la Federación Nacional de Caficultores.
Exigen control comercial
Fernando Camino, expresidente de Fedeagro, indicó que este aumento de productos agroquímicos y fertilizantes ilegales lo origina la falta de financiamiento del Estado venezolano para incentivar la producción de alimentos, y la disminución de los créditos productivos en entidades financieras.
“La agricultura en nuestro país está fraccionada en dos grandes grupos. Están por un lado los grandes productores que integran los gremios y asociaciones del sector privado, que cuentan con los recursos para importar a tiempo insumos de buena calidad, y los pequeños productores de agricultura familiar, que no tienen los recursos para importar y deben adquirir lo que puedan pagar y se consigue en el país. Esta falsificación de productos impera con impunidad y es responsabilidad del Gobierno”, opinó Fernando Camino.
