Redaccion El Tequeno Óscar Murillo, coordinador general de Provea, abogó por una derogación de la ley contra el odio al afirmar que mantenerla vigente, independientemente de las reformas que se hagan, sería una «mala señal» para las víctimas de la persecución política.
Para el activista, el articulado profundizó la penalización y permitió a cualquier funcionario determinar a su discreción quién podría incurrir en «actos de generar zozobra o conmoción».
El defensor de derechos humanos dijo que este tipo de leyes deben ser redactadas bajo un consenso social en un marco de pluralidad.
«Tenemos que recuperar las garantías para que los venezolanos puedan conversar y discutir sobre ese país anhelado sin que eso signifique una amenaza y hostigamiento«, comentó en una entrevista ofrecida al circuito Éxitos de Unión Radio.
Balance del año
Aunque apenas está comenzando el último trimestre del año, Murillo señaló que Venezuela tiene «mucha deuda» en materia de derechos humanos.
«La disminución de los casos de represión contrasta con aquellas garantías y libertades que no han sido blindadas. Necesitamos, y el país lo aceptaría, el desmontaje definitivo de todo lo que permitió la persecución, no solo desde el punto de vista jurídico».
Para el director de Provea, el «aparato sigue intacto», aun y cuando se haya abierto el debate político sobre la ley del odio.
«Desde el punto de vista de los estándares de DDHH tenemos que seguir presionando para que esto sea derogado», concluyó.
