Elvis Amoroso, un funcionario sancionado por Estados Unidos que militó en el chavismo desde finales del siglo pasado y que fue consultor jurídico del Palacio Presidencial de Miraflores es el encargado de las inhabilitaciones políticas en Venezuela.
VOA | Gustavo Ocando Alex
Abogado y economista aficionado a la música sinfónica, Amoroso, de 59 años, es Contralor General de Venezuela desde octubre de 2018. Lo nombró la Asamblea Nacional Constituyente que promovió el oficialismo y que fue una institución contraria a la Constitución, según voceros de la oposición.
El despacho de Amoroso notificó la semana pasada que María Corina Machado, dirigente del partido Vente Venezuela y favorita en las encuestas de la primaria presidencial de la oposición, está inhabilitada para ejercer cargos públicos desde 2015 hasta 2030.
Machado, una exdiputada e ingeniera industrial de discurso recio contra el chavismo, es la última en una amplia lista de opositores inhabilitados por la Contraloría en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La oposición ha señalado que la Contraloría y las inhabilitaciones han sido utilizadas por el chavismo como herramienta política contra sus detractores de mayor perfil.
La oposición señala que las inhabilitaciones no tienen fundamento en la Constitución.
El artículo 42 de la Carta Magna venezolana especifica que el ejercicio de algunos de los derechos políticos “solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme”. El artículo 65 detalla que no podrán aspirar a cargos de elección popular aquellos “condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.
Según la oposición, las inhabilitaciones a políticos de sus partidos por hasta 15 años no cumplen con la ley que exige una sentencia judicial firme. Como en el caso de Machado, a los candidatos ni siquiera se notifican oficialmente que están inhabilitados.
El gobierno de Estados Unidos sancionó a Amoroso en noviembre de 2017 por vínculos con fraudes electorales y censura a la prensa.
Panamá tomó una medida similar por considerarlo “de alto riesgo” para el blanqueo de capitales.
El argumento del chavismo
El oficialismo defiende el poder de Amoroso, nacido en el estado Aragua, de inhabilitar a políticos esgrimiendo el artículo 105 de la Ley de Contraloría General, una norma que habla de sanciones por la “responsabilidad administrativa” de quienes hayan cometido actos “ilícitos”.
Según esa normativa, Amoroso puede “imponer” la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por 15 años. Para ello, reza la ley, debe notificar a la dependencia u organismo donde haya ocurrido la presunta corrupción.
Los poderes públicos, instituciones y organismos “están obligados a consultar el registro de inhabilitados” de la Contraloría General, añade la ley.
La oposición denuncia que ese listado de funcionarios vetados, además de ilegal, es opaco.
Un caso emblemático es el de Freddy Superlano, hoy precandidato a la Presidencia por Voluntad Popular. No fue sino dos semanas después de las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021 cuando la justicia indicó que nunca debió ser candidato a la gobernación de Barinas debido a una inhabilitación de la Contraloría, desconocida hasta entonces. Superlano lideraba el conteo de votos.
Pasado oficialista
Las huellas políticas de Amoroso están marcadas esencialmente en el poder legislativo.
Amoroso ascendió al Congreso en 1993, y en 1998 el partido chavista Movimiento Quinta República lo respaldó para reelegirse.
El Partido Socialista Unido de Venezuela, movimiento unitario del chavismo, apoyó en 2005 su candidatura al Parlamento. Fue miembro de esa Asamblea Nacional hasta 2015, cuando perdió su intento de reelección -la oposición ganó esa votación- y aspiró luego sin éxito a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
Fuentes de la oposición venezolana en el Parlamento que pidieron reservar sus identidades por temor a represalias describieron a Amoroso como parte del círculo de confianza de la esposa de Maduro, Cilia Flores, de quien sería “muy amigo”. La primera dama también fue parlamentaria del chavismo.
Amoroso fue directivo de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 hasta que ese organismo lo nombró contralor general un año luego.
Al asumir su cargo, prometió combatir la corrupción “indistintamente de los tintes políticos”.
En marzo pasado, su despacho publicó una nota de recordatorio del décimo aniversario de la muerte de Chávez, a quien llamó “líder”, “guía”, “Libertador de estos tiempos” y “comandante eterno e invicto”.
Amoroso estudió derecho en la Universidad Bicentenaria y economía en la Universidad Santa María. Su currículo de la página web de la Contraloría también lo describe como “saxofonista y clarinetista”, e incluye su experiencia como gerente general de la Orquesta Sinfónica de Venezuela durante 15 años.
Amoroso ha acusado públicamente a miembros de la oposición, entre ellos al exlíder Juan Guaidó y políticos que cayeron en desgracia con el chavismo, de afectar los activos del país.
El contralor general fomentó el diálogo con la oposición en el pasado y tachó como parte de una “misión fantasma” el informe de veedores de las Naciones Unidas que concluyó que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país.
La oposición parlamentaria lo acusó en 2018 de incumplir con los “principios de objetividad, idoneidad e imparcialidad” que se esperan de un contralor, y señaló que fue consultor jurídico de Miraflores entre 2015 y 2017, con Maduro como presidente.
Cambios de reglas
Acceso a la Justicia, una organización especializada en derecho en Venezuela, ha advertido que la inhabilitación es una de las “herramientas preferidas” del oficialismo para “modificar las reglas del juego” político y electoral.
Su directora, Laura Louza Scognamiglio, aseguró a la Voz de América que la inhabilitación política se trata de “una norma contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos” y que una decisión de la Corte Interamericana exigió su eliminación en Venezuela.
“Se ha usado como un patrón de persecución política. Es una situación de hecho que se basa en pedacitos de normas, aplicándolas con falsos supuestos”, apuntó.
Sobre la inhabilitación de María Corina Machado, dijo que los presuntos “errores y omisiones” que le atribuye la Contraloría a su declaración de patrimonio ya “prescribieron”.
La contraloría, dijo, “tiene cinco años para sancionarla, no puede hacerlo después” sin notificar a la funcionaria cuestionada ni darle derecho a la legítima defensa.
En cuanto a su presunta corrupción en el gobierno interino de Juan Guaidó, la abogada acota que la líder de Vente Venezuela nunca participó en esa figura.
Machado, por su parte, respondió que su inhabilitación “es basura” y “vale cero”, y la atribuyó a la “desesperación” del oficialismo ante la primaria opositora y sus números en las encuestas de cara a esa votación prevista para el 22 de octubre.
El gobierno venezolano autorizó 924 inhabilitaciones de políticos entre 2000 y 2012, cuando el contralor era Clodosbaldo Russián. En 2008, la Contraloría entregó al Consejo Nacional Electoral una lista de 400 inhabilitados, 80% de los cuales eran de la oposición. En 2021, se supo del impedimento de Eduardo Samán, político afín al chavismo autocrítico, de registrar su postulación a la alcaldía de Caracas. Según la ONG Acceso a la Justicia, el gobierno inhabilitó a más de 1.400 funcionarios entre 2002 y 2021 por presuntamente negarse a presentar sus declaraciones juradas de patrimonio.
En la última década no ha habido transparencia en esas medidas, según opositores y defensores de derechos humanos.
