El Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Estado Miranda denunció públicamente la exclusión del personal obrero en la cancelación del Bono Especial Vacacional.
La directiva calificó la medida como “una injusta discriminación laboral” y expresó su preocupación por “la crítica situación socioeconómica que atraviesa el personal obrero del sector educativo”.
“¿Por qué la desigualdad e injusticia laboral?”, cuestionó la organización sindical al recordar que el beneficio ya fue depositado al personal del Ministerio de Educación y próximamente será cancelado a los docentes dependientes de la Gobernación y las alcaldías, dejando por fuera —de manera “arbitraria y discriminatoria”— a los obreros de educación de Miranda.
El sindicato afirmó que esta exclusión vulnera el marco constitucional y laboral vigente. Citó el artículo 21 de la Constitución, que establece que “todas las personas son iguales ante la ley” y prohíbe cualquier tipo de discriminación, así como el artículo 89, que garantiza la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales. También recordó los artículos 18, 19 y 20 de la Ley Orgánica del Trabajo, que consagran la igualdad de trato, la no discriminación y la irrenunciabilidad de los derechos de la clase trabajadora.
Ante esta situación, exigieron al Gobierno nacional, al Ministerio del Trabajo, a la Gobernación de Miranda, a la Dirección de Gestión Humana y a la Oficina Nacional de Presupuesto la “rectificación inmediata y el abono correspondiente del Bono Especial Vacacional a la totalidad del personal obrero de educación”. También pidieron el cese de cualquier trato diferenciado entre sectores de la administración pública.
“¡A igual condición y derecho vacacional, igual compensación económico-social! La clase obrera no es trabajadora de segunda categoría”, expresó la directiva sindical en su comunicado oficial.
