El régimen de Daniel Ortega baraja el destino del obispo Rolando Álvarez al imponer un nuevo arresto domiciliario tras un operativo en la curia de Matagalpa, una ciudad en el centro de Nicaragua. La estrategia del régimen se sale de cualquier guion predefinido, lo que demuestra que su principal interés es obligar al religioso a un exilio, como lo ha hecho con otros líderes católicos. Fuentes eclesiásticas confirmaron que en los últimos días la jerarquía de la Iglesia nicaragüense ha sido presionada para garantizar la salida del monseñor. Sin embargo, él se ha negado en varias ocasiones.
Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Estelí es una de las figuras religiosas más críticas con la dictadura nicaragüense
Casi seis horas después del allanamiento, la Policía Nacional divulgó un comunicado en el que informó sobre el paradero de monseñor Álvarez. Desde su detención se especuló que él y siete personas más fueron trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial, la cárcel donde se procesan los juicios políticos. Sin embargo, los oficiales llevaron al religioso a una residencia familiar en Managua. En el sitio, pudo entrevistarse con el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y máxima figura religiosa del país. «Las personas que permanecían en esa casa-curia fueron trasladadas, con respeto y observación a sus derechos a la ciudad de Managua para las indagaciones de ley. El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliario en esta misma ciudad y ha podido reunirse con sus familiares esta mañana», detalló la publicación de la Policía.
La CEN, que durante el periodo de detención de monseñor Álvarez evitó pronunciarse sobre el caso, aseguró finalmente que el obispo se encuentra en un estado «desmejorado» de salud, producto de los más de 15 días de encierro a los que fue sometido dentro de la curia de Matagalpa. «Si bien su condición física está desmejorada, su ánimo y espíritu están fuertes», agregó.
«Preocupación» en la Santa Sede
La Santa Sede ha visto con «preocupación» la situación que atraviesan los religiosos en Nicaragua. Durante la última sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Antonio Cruz, observador permanente del Vaticano en el organismo, aseguró que su Estado «no puede dejar de manifestar su preocupación al respecto mientras asegura su deseo de colaborar siempre con quienes apuestan por el diálogo como instrumento indispensable de la democracia y garante de una civilización más humana y fraterna». Las declaraciones llegan luego que defensores de derechos humanos y activistas nicaragüenses «rogaron» al Papa Francisco para que se pronunciara sobre la persecución religiosa en Nicaragua.
Las tensiones entre la iglesia y el régimen llegaron a su peor punto el 29 de junio, cuando monseñor Álvarez fue confinado a permanecer en su curia luego de oficiar una procesión en Matagalpa. Desde el exilio de monseñor Silvio Báez, amenazado de muerte por seguidores sandinistas, Álvarez se convirtió en la voz más crítica dentro del catolicismo. Sus homilías criticaban a la gestión de Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, acusados de cometer violaciones a los derechos humanos desde las protestas de abril de 2018. Monseñor Álvarez pedía en sus misas por los presos políticos y decía que oraba por la «liberación del país de la opresión».
En paralelo, el régimen ejecutó una nueva embestida contra radios y medios de comunicación rurales, los cuales eran administrados por la Diócesis de Matagalpa. De un plumazo fueron clausurados 11 medios de comunicación que informaban en los puntos más recónditos del país.
La Policía Nacional acusó a monseñor Álvarez por «incitación a actos de odio contra el Gobierno», un delito que todavía no ha podido probarse y que, según las autoridades, se encuentra bajo investigación: «Provocan un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales», reza el comunicado.
Posterior a la acusación, monseñor Álvarez no pudo salir de su casa en Matagalpa, debido al cerco policial que estableció la Policía. Fue sacado a la fuerza durante la madrugada del viernes. «Era un operativo como si se tratara de un quiebre de drogas. Derrumbaron la entrada y gritaron: ‘alto, nadie se mueva’», relató una vecina de la zona.
Persecución religiosa en Nicaragua
Ortega y Murillo han emprendido una cruzada contra la Iglesia en Nicaragua, como ninguna vez en la historia del país centroamericano. Hasta el momento, el padre Manuel García fue condenado el 23 de junio a dos años de prisión y 300 días de multa por «amenaza con arma» contra cinco simpatizantes sandinistas; monseñor Leonardo Urbina, tiene un juicio abierto por «violencia sexual» contra una menor de edad; y Óscar Benavides, enfrenta un periodo de investigación de 90 días sin cargos.
Además, el cinco de julio las Hermanas Misioneras de la Caridad, fundada por Madre Teresa de Calcuta, fueron expulsadas del país luego de que la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo canceló su personería jurídica. La misión administraba un albergue y un asilo de ancianos, cuyos beneficiarios fueron trasladados a otros hogares de acogida de Nicaragua. Las religiosas abandonaron el país en un periodo de 72 horas y fueron acogidas por instituciones católicas de Costa Rica, el vecino país del sur nicaragüense.
