Un tribunal revolucionario iraní ha sentenciado a un preso acusado de participar en las protestas que sacuden Irán, en la segunda condena a la pena máxima por las movilizaciones en las que se pide más libertad.
El acusado fue condenado en Teherán por “atacar a una persona con un cuchillo, prender fuego a una motocicleta y declarar la guerra contra el Estado”, informó la agencia de noticias Mizan, del Poder Judicial.
La condena puede ser apelada en tribunales superiores, especificó Mizan.
El pasado domingo la Justicia iraní dictó la primera sentencia a muerte contra una persona acusada de participar en las protestas desatadas por la muerte de Masha Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.
Al menos otras cinco personas han sido condenadas a penas de prisión por su participación en las protestas.
Además, las autoridades judiciales han acusado a más de 2.000 personas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, en las que se pide el fin de la República Islámica, muchas de las cuales se enfrentan a penas de muerte.
Las movilizaciones se intensificaron ayer con manifestaciones y huelgas para conmemorar las protestas de 2019 causadas por la subida del combustible y en las que murieron 300 personas, según Amnistía Internacional.
En algunas partes de varias ciudades cerraron los comercios, mientras que en multitud de universidades a lo largo del país se gritaron de nuevo eslóganes como «mujer, vida, libertad” o “muerte al dictador”, en referencia al líder supremo de Irán, Ali Jameneí.
Las protestas están protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de «mujer, vida, libertad», lanzan consignas contra el Gobierno y queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable no hace mucho.
Al menos 326, entre ellos 43 menores de edad, han muerto en la represión policial, según la a ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.
Denuncia de Iran Human Rights
La ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, Noruega, advirtió este lunes contra el riesgo de ejecuciones rápidas en este país asiático tras anunciar la Justicia iraní la primera condena a muerte por las protestas de los últimos dos meses.
La agencia oficial de noticias IRNA no identifica al condenado, e indica que la sentencia se ha dictado en relación con los cargos de “incendiar un edificio gubernamental, alterar el orden público, reunirse y conspirar para cometer un delito contra la seguridad nacional, y ser enemigo de Dios y de corrupción en la tierra”, este último delito castigado con la ejecución.
“La comunidad internacional debe advertir con firmeza a la República de Irán de las consecuencias de ejecutar a manifestantes. Llamar a sus embajadores e implementar medidas de derechos humanos más efectivas contra funcionarios son algunas consecuencias a considerar”, señaló en un comunicado esta organización.
Algunos de los detenidos son puestos en libertad con una multa. Otros son juzgados en un tribunal penal. Pero los presos políticos suelen enfrentarse a estos temidos tribunales revolucionarios, un sistema paralelo creado para proteger a la república islámica, dijo a The Washington Post Hadi Enayat, sociólogo político especializado en derecho iraní.
Los tribunales revolucionarios son conocidos por sus “atroces violaciones de las garantías procesales”, dijo Tara Sepehri Far, de Human Rights Watch. El Estado “utiliza los juicios como un elemento más para dar forma a su narrativa sobre las protestas”.
