Solo 14 países votaron este martes a favor de la resolución presentada por el régimen de Irán ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la cooperación y asistencia técnica de la Oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet con Venezuela.
Las naciones que votaron a favor del documento, en el que se asegura que en el país ha habido avances en derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro, fueron Angola, Burkina Faso, Camerún, Nepal, Namibia, México, Indonesia, Fiyi, Eritrea, Pakistán, Filipinas, Catar, Sudán y Venezuela.
La resolución, sin embargo, fue rechazada por 7 países, incluidos Perú, Australia, Brasil, Chila y Uruguay; mientras que 26, la mayoría de naciones, decidieron abstenerse, entre los que se encuentran Argentina, República Checa, España, Libia y Japón.
La representante de Perú ante el Consejo de Derechos Humanos, en nombre de varios países, recordó que solo dos funcionarios trabajan en la oficina de Bachelet en Caracas con restricciones de acceso y movilización.
Afirmó que no ha habido cambio en los patrones de las violaciones de derechos humanos y que, incluso, la Fuerza de Acciones Especiales sigue operando, pese a que el Alto Comisionado recomendó a Maduro disolverla.
“Nos preocupa que esta iniciativa pretenda evitar el nivel de escrutinio que requiere la grave situación de Venezuela”, manifestó. La funcionaria señaló asimismo la continuidad de la persecución y el hostigamiento contra la Asamblea Nacional, periodistas y defensores de derechos humanos.
“Nuestros países lamentan la cooperación estrecha y selectiva de las autoridades con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, que no aborda la gravedad de las violaciones de derechos humanos documentadas tanto por la alta comisionada como por la Misión de Determinación de Hechos ni la crisis humanitaria”, expresó.
La representante de Brasil calificó la resolución y los supuestos esfuerzos de Venezuela en materia de derechos humanos como una fiesta de ficción y una obra más del “irrealismo fantástico” de los responsables de graves violaciones.
“La Oficina registró más de 1.300 muertes, la mayoría realizadas por la FAES, que sigue funcionando. Se han indultado 110 personas que nunca debieron haber estado presas ni perseguidas; cientos más siguen detenidos políticamente, incluso muchos recientemente por el simple hecho de protestar”, agregó.
