A decir por las audiencias de apelaciones sobre la situación Venezuela I, sucedidas recientemente en la Corte Penal Internacional (CPI), al gobierno “bolivariano” comienza a acabársele “el pan de piquito”. Tal como lo señala el glosario popular, la mencionada frase refiere el momento en que a una persona se le termina el juego o pierde la destreza demostrada sobre el manejo de algo.
El régimen falló al pretender justificar, ante la Sala de Apelaciones de la CPI, la supuesta defensa de derechos humanos emprendida en respuesta a los hechos acaecidos desde 2017 en adelante que, posteriormente, derivaron en crímenes de lesa humanidad; así calificados por el Estatuto de Roma del cual Venezuela es signataria desde su creación en julio de 1998.
El recurso de apelación presentado por el régimen venezolano, a través de sus abogados, terminó en una declaratoria de sandeces que deja mal parado el oficio jurídico socialista. Nada ha cambiado desde que el régimen se comprometió con el Fiscal de la CPI, Karim Khan, a ordenar todos aquellos procedimientos que podrían problematizar los dictámenes a los que Venezuela está sujeta, según lo estipulado en el Estatuto de Roma.
Desde que el poder político se ha visto detentado por las garras del odio, las sombras avanzaron “a paso de vencedores”. Se instaló la idiotez al lado de la testarudez, esto permitió que todo se redujera a nada.
Las colas del hambre prepararon el camino para que se instituyera una casta de poder que sólo se ha interesado en cimentar condiciones que han procurado potenciar hambre, miseria e ignorancia. Así se crearon otras colas que sólo acentuaron el atraso y el tiempo perdido. Es decir, la antítesis del desarrollo.
La amañada justicia revolucionaria ha servido para esconder el militarismo arbitrario y politizado, la corrupción dominante, la fuerza policial cómplice de desafueros legales, el desorden administrativo, el desacato constitucional por doquier, la codicia del funcionariado convertida en negocios delictuales, entre otros horrores políticos, económicos, sociales y culturales.
Fase de apelación
Ninguno de los argumentos legales así calificados por la fiscalía de la República y los bufetes del régimen venezolano, durante el juicio de apelación, tuvieron la suficiente consistencia para que la CIP los considerara aptos desde un enfoque jurídico y lógico.
De manera que la CPI terminó la audiencia desmontado los alegatos del régimen. Las investigaciones presentadas estaban plagadas de inconsistencias metodológicas; en consecuencia, la Fiscalía de la CPI, rechazó los argumentos del régimen dirigidos a contrariar las investigaciones de crímenes de lesa humanidad demostrados por la CPI.
En lo sucesivo, el régimen venezolano se las verá difícil para demostrar que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” tal como dictamina el artículo segundo de la Constitución.
Las reiteradas violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos y soportados por la cadena de mando político-militar-policial venezolana, no fueron debidamente rebatidas en su argumentación y defensa por los representantes de Venezuela en la trascendental audiencia convocada por la CPI. Más, cuando la misma tenía como propósito que el régimen venezolano defendiera sus posturas y justificara sus decisiones internas.
Además, la audiencia fue escenario para que las víctimas de tales hechos se hicieran presentes para exponer sus casos. Esto fue lo más crucial de dicha audiencia.
La consignación de los elementos probatorios de los atroces actos cometidos por funcionarios militares y policiales, justificándose como fuerzas de seguridad del Estado, fue causa para que la Oficina de Defensa para las Víctimas de la CPI adujera que, a pesar de la significación de tan importante audiencia, el régimen posiblemente continuará cometiendo impunemente violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La actitud criminal de funcionarios acusados como torturadores, violadores y asesinos, caracteriza la tendencia represiva demostrada como criterio político del régimen para enraizarse al poder. Del mismo modo, para intimidar y asustar a la población mediante la fuerza de la cual se vale el régimen para solapar las arbitrariedades, abusos, injusticias y atropellos cometidos.
Por eso, vale señalar que, si bien la justicia puede llegar tarde, siempre llega, especialmente en el contexto referido en el que hay suficiente razón para deducir que al régimen se le acabó el “pan de piquito”.
Antonio José Monagas
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