El mismo día que la Misión de Determinación de los Hechos presentaba, en Ginebra, un nuevo informe ante la ONU, que revela cómo el gobierno venezolano intensificó la violación de los derechos humanos, desde el Ministerio del Interior se activó la toma de la cárcel de Tocorón, en la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro, como un acto de distracción para desviar a medios de comunicación y opinión pública, convirtiendo en tendencia la puesta en escena que tenía semanas preparada.
La intención fue opacar el duro informe de la Misión que desnuda la represión y las restricciones del espacio cívico y democrático y la nueva dependencia de la Policía Nacional Bolivariana: la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) un nuevo disfraz para las tenebrosas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
La maquinaria del Ministerio de Comunicación e Información, a cargo de Freddy Alfred Nazareth Ñáñez Contreras, se encargó, como lo ha hecho con muchas otras estrategias, de coordinar la difusión de información a través de las numerosas cuentas en Twitter, Instagram, Facebook y WhatsApp, con las etiquetas como #SeAcaboTocoron y con mensajes positivos hacia el gobierno venezolano.
No hizo falta mucho esfuerzo para que el importante informe de la Misión de Determinación de los Hechos quedara opacado, para que la tendencia fuera Tocorón cuando se anunció que 11 mil hombres de habían desplegado para la toma de ese penal, asaltando en el común del venezolano el temor de que ocurriese una masacre.
Pero la enorme cortina de opacidad que se levantó sobre la información de la Misión de los Hechos, no se limitó al 20 de septiembre porque se le fueron agregando elementos a la historia para que, entre más retorcida, mantenga a las audiencias a la expectativa, con ingredientes fáciles para la manipulación: poder, armas, drogas, hermosas mujeres prepagos ligeras de ropa, el túnel por donde se “escaparon” más de 500 hombres del grupo del pran que controlaba la banda que funcionaba en Tocorón, El Tren de Aragua.
Pero la historia no terminó ahí; continúa como quien estira la liga que sostiene el manto de la opacidad, mencionando la relación que supuestamente tendría el pran de Tocorón con el dirigente opositor Antonio Ledezma y con uno de los más poderosos jefes de la revolución bolivariana, ahora defenestrado, el exministro de Petróleo Tareck Zaidan El Aissami Maddah.
Le siguieron las declaraciones del Ministro Remigio Ceballos Ichaso diciendo que el jefe delincuente no fue que se escapó porque ya estaba en libertad. Los carteles ofreciendo recompensa por los líderes de la banda Tren de Aragua, la detención de las autoridades de la cárcel y todos tras la búsqueda de dónde está Héctor Rusthenford Guerrero Flores alias El Niño Guerrero.
Otra fase
El 23 de septiembre, la cuenta del Min-Comunicación publica un comunicado propaganda, que en X (antes Twitter) presentan con el mensaje:
“El Gobierno Bolivariano informa que luego de la exitosa intervención del Centro Penitenciario Tocorón, en horas de la mañana, está en desarrollo la segunda fase de la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro #GarantíaDePaz”.
Obsérvese que se usa la misma etiqueta para anunciar ese día 23 de septiembre de 2023: “#ÚltimoMinuto |Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J CeballosIchaso1, lidera la II Fase de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro desde el estado Aragua. #GarantíaDePaz”
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) también participó en la puesta en escena del caso Tocorón; es así como el 21 de septiembre el Comandante Estratégico Operacional, GJ Domingo Hernández Lárez publica:
“En el marco de la Operación de liberación “Cacique Guaicaipuro” cuyo objetivo es la desarticulación y poner fin a las bandas delincuenciales organizadas que operaban desde el centro penitenciario “Tocorón”.
En la ejecución de la segunda fase correspondiente a la búsqueda, persecución y captura, son detenidos por un equipo de rastreo de Fuerza Especiales de la #FANB en el estado Miranda, tres prófugos” y mencionan a Josguan Ibrain Iriarte Fuentes (homicidio), Luis Arturo Moreno Prim (secuestro) y Rafael Julián Briceño Palacio (homicidio).
Sin sorpresas
Los funcionarios del régimen venezolano asumen que el show ha funcionado colocando el caso Tocorón en tendencia nacional de noticieros, cuentas en redes sociales, videos y fotos que se difunden de lo ocurrido con la toma de la cárcel, manipulando la atención de la opinión pública para que el informe de la Misión de Determinación de los Hechos presentado en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, no acapare la atención y descubra la herida abierta y supurante de la impunidad, la manipulación en la administración de justicia, la violación a los derechos humanos, presos políticos y uso de fuerzas policiales para silenciar la crítica o la disidencia militar y civil.
Por supuesto, no era secreto lo que ocurría en la cárcel de Tocorón con el visto bueno de las autoridades de la revolución bolivariana, la gran farsa montada desde que María Iris Varela Rangel fue Ministra de Asuntos Penitenciarios.
En agosto 2015 un canal de televisión latino, y posteriormente otros medios en el 2017, publicó un reportaje donde revela qué hay dentro de la cárcel de Tocorón, siendo lo más ruidoso, y no solo por la música, la discoteca Tokio, así como taquilla de un banco venezolano, piscina, tiendas de ropa, parque, restaurantes como El Sazón del Hampa, estadio de beisbol, canchas de fútbol y básquet, habitaciones VIP e incluso zoológico propio. Y por supuesto no falta, más bien sobra, drogas, alcohol y armas.
Incluso, la destacada periodista de la fuente de violencia y crimen organizado Ronna Rísquez Sánchez, escribió el libro “El Tren de Aragua: La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”.
En febrero 2023, en la etapa de preventa del libro, la comunicadora social, denunció amenazas por la publicación del libro y por ello el 3 de febrero 2023 se presentó ante la Fiscalía pidiendo investigar las amenazas contra ella y su familia, a la vez que solicitó medidas de protección.
En su libro, Rísquez destaca que El Tren de Aragua “comenzó como una banda que operaba desde una cárcel.
Al fusionarse con otras más, tomó posesión de un pueblo, una zona industrial, un aeropuerto militar y un lago. Ahora es una organización criminal involucrada en más de 20 actividades ilícitas, desde drogas y oro hasta tráfico de personas, que opera desde Costa Rica a Argentina y Brasil”.
Y destacó en una entrevista reciente que esa una organización ha establecido gobernanzas criminales en algunos territorios que le han permitido establecerse y de alguna manera tener no un apoyo, pero sí una especie de tejido dentro de las comunidades que los ayuda a mantenerse y operar”.
La reacción oficial
Si bien es cierto que la audiencia venezolana ha permanecido anestesiada ante el tema que encierra lo que ocurre con Tocorón, para el régimen venezolano el informe de la Misión de Determinación de los Hechos es álgido, porque no se trata de cualquier delincuente armado controlando presos y extorsionando a la población, se trata de los delitos cometidos por el Estado venezolano, que lo tienen en la lupa de organizaciones internacionales y la mirada de la mayoría de los países.
El mismo día en que la Misión de Determinación da a conocer su informe sobre Venezuela, el alto gobierno emite un comunicado manifestando “su más categórico rechazo” a lo que llama “insólitas acusaciones falsas y sin fundamento”, descalificando a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos a la que consideran “vergonzosa”, cuyo informe tildan de “panfletario”, “pseudo”, “pasquines repletos de falsos positivos”, “sin sustento metodológico ni conocimiento de la realidad del país”.
“La destemplada presentación del informe, es parte de la estrategia que se pretende continuar contra Venezuela para mancillar su imagen y legitimar la imposición de criminales e ilegales medidas coercitivas unilaterales a partir, esta vez, del uso selectivo, instrumentalizado, falso y manipulado de la situación de los derechos humanos en el país”.
Otra vez aseguran que la intención del informe es “seguir atacando a las instituciones venezolanas como parte de la política criminal e injerencista de “cambio de régimen” que impulsa el gobierno de los Estados Unidos de América, con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo”.
Con una insutida carga de ira, el comunicado dice que la Misión “en vez de construir mentiras, deberían rendir cuentas públicas que dejen en evidencia su vergonzoso proceder”.
Para el régimen venezolano la Misión de Determinación de los Hechos es un “tipo de mecanismos paralelos, innecesarios y agresivos que, a través de sus pronunciamientos, violentan la Carta de Naciones Unidas y alientan a los sectores nacionales e internacionales más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y en la desestabilización del país”.
El comunicado se dedicó a descalificar y a atacar a la Misión, sin responder a los señalamientos del informe y desconociendo lo dicho en el informe: “La misión realizó 256 entrevistas y grupos de discusión con 299 personas durante el presente ciclo (153 hombres, 142 mujeres y cuatro personas de identidades de género diversas), tanto en persona como a distancia, a través de conexiones telefónicas seguras, aplicaciones de mensajería o videollamadas.
La misión obtuvo el consentimiento informado de los y las entrevistadas para el uso de su información en el presente informe y ha anonimizado debidamente la información que identifica o podría identificar a fuentes, testigos y víctimas. En concreto, los nombres de 119 fuentes y de cinco víctimas fueron anonimizados. Tres víctimas fueron referidas a organizaciones externas por necesidades de protección”, destacó la Misión de la ONU.
Tomado de Infobae
