Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron este miércoles un edificio en Lara en búsqueda del procurador del gobierno interino de Juan Guaidó, Juan Pablo Soteldo.
Así lo denunciaron los diputados Olivia Lozano y Macario González.
“Allanamiento del Sebin en mi edificio destrozando todo, buscando a Juan Pablo Soteldo, que no vive aquí desde hace dos años. Es procurador del gobierno interino. Denuncien, por favor. Nos tienen totalmente tomado el edificio”, publicó en su cuenta de Twitter Lozano, acotando que el mensaje proviene de González.
Subrayó que pasado el mediodía fueron detenidos dos vecinos del condominio y el inquilino del inmueble para que rindan declaraciones.
“Sigue la violación de derechos humanos por parte de Nicolás Maduro y sus esbirros. Ciudadanos comunes son objeto de amedrentamiento y detenciones forzosas por parte de los cobardes”, expresó la parlamentaria.
Desde la salida de Leopoldo López del país, el sábado 24 de octubre, el régimen de Nicolás Maduro ha emprendido un ataque contra dirigentes de la oposición.
Uno de ellos es el periodista Roland Carreño, quien desapareció el lunes y 24 horas después el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, afirmó que su aprehensión se llevó a cabo “in fraganti” y afirmó que el comunicador había confesado su supuesta participación en delitos contra el orden constitucional.
Más tarde, Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por el oficialismo, señaló a Carreño de entregar armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el país. Aseguró que al momento de su detención tenía 12.000 dólares y una R15.
El abogado del periodista, Joel García, subrayó en entrevista a El Nacional que cualquier confesión del coordinador del partido Voluntad Popular sin presencia de su defensa es nula de toda nulidad.
“Tiene que ser en un tribunal y en presencia de su defensa. Ñáñez confesó. Roland ha sido víctima de una desaparición forzada porque lo anunciaron pasadas las 24 horas. No se sabía cuál era la situación jurídica; además reconoció el ministro que le realizaron un interrogatorio para que él confesara algo. Todo ello constituye violaciones graves al debido proceso”, expresó.
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