Más de 20 nicaragüenses fueron secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega durante los primeros diez días de abril; la mayoría ocurrió en Semana Santa, periodo en el que la dictadura prohibió las procesiones y celebraciones religiosas en las calles.
La persecución contra la Iglesia católica se tradujo en mayor intimidación, amenazas y asedio policial contra las parroquias en casi todo el territorio nacional, confirmó la organización Urnas Abiertas, que tema que esta situación empeore a medida que se acerque el quinto aniversario de la Rebelión Cívica de 2018, el 18 de abril de 2023.
Cada año, desde el estallido social de la lucha cívica en 2018, el régimen orteguista recrudece la persecución y asedio contra opositores, excarcelados, líderes locales o cualquier persona que tuvo alguna vinculación con las protestas cívicas de hace cinco años.
Sin embargo, en 2023, la política de terror impuesta por el orteguismo se enfocó en la Iglesia católica, y prueba de ello es que gran parte de los encarcelados tienen alguna relación con la institución religiosa, señala Ivania Álvarez, integrante de Urnas Abiertas y quien ha monitoreado las detenciones, las cual califica de «ilegales y arbitrarias».
Los liderazgos dentro de la Iglesia “son el blanco de la dictadura”, señala Álvarez, quien asegura que en años anteriores, las víctimas de amenazas y encarcelamientos eran más diversas -sociedad civil organizada, opositores, líderes gremiales o sectoriales-. El régimen centró su interés en la Iglesia porque es el último rezago de resistencia, reconocido como un espacio seguro para la feligresía, que ejercía su derecho a expresarse a través de la fe, considera la activista.
La Policía orteguista prohibió las procesiones de viacrucis penitenciario desde mediados de febrero de 2023 y luego, amplió la restricción a cualquier expresión de piedad popular, lo que significó un duro golpe a la feligresía católica nicaragüense, acostumbrada a vivir la Semana Santa con múltiples actos de religiosidad en las calles.
Los sacerdotes acataron la orden y cancelaron peregrinaciones a escala nacional previas a la Semana Santa, como la de Nuestro Señor de Esquipulas o el Cristo Negro, en El Sauce, León. Pidieron a los fieles someterse a las nuevas condiciones, orar y fortalecer su fe. Orientaron que todos los actos religiosos durante la Semana Mayor se realizarían dentro de los templos y evitaron pronunciarse directamente sobre los ataques frontales del régimen orteguista contra la Iglesia. Sin embargo, eso no fue suficiente para el régimen impusiera su estado represivo en las afueras de varias parroquias del país.
El objetivo era claro: bloquear cualquier acto de religiosidad popular
Decenas de fieles se rebelaron a la prohibición policial y los desafiaron en Nindirí, Nandaime, Chinandega y otros departamentos, en los que jóvenes vestidos con túnicas y cargando cruces intentaron recrear la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La persecución contra los fieles terminó en cuatro capturas en Nindirí y dos personas en Nandaime.
“Es como que la Policía quiere dar un ejemplo o una muestra de que es lo que va a sucederle a cada quien que decida incumplir con las órdenes autoritarias y arbitrarias que ellos están imponiendo en el país”, señala la investigadora Martha Patricia Molina, quien en 2022 registró 160 ataques del régimen contra la Iglesia.
“Este 2023 la dictadura lo inició desde el primero de enero, de manera muy agresiva, con ataques más frontales. Únicamente en Semana Santa he registrado la prohibición y suspensión de más de 3176 procesiones, un número muy significativo de agresiones, considerando que cada diócesis tienen sus propias procesiones cada uno de los días de Semana Santa”, expresó la investigadora.
El régimen de Ortega agudizó la represión impuesta contra la Iglesia desde el Jueves Santo, cuando orientó que ninguna parroquia podía realizar alguna procesión alrededor del templo, como lo habían venido haciendo en algunas zonas del país. De esta forma, la tradicional procesión de Viacrucis y el Santo Entierro se realizaron a lo interno de las parroquias, con la presencia masiva de fieles católicos.
Urnas Abiertas reportó actos de intimidación de iglesias en el norte, centro y caribe del país, señalando que en algunos casos extremos, la Policía estacionó patrullas afuera de las parroquias, y de “forma vulgar” sonó la sirena.
Lea la nota completa en Confidencial
