Para muchas familias, la comprobación sobre el lugar de detención de una persona acusada de «terrorismo» desde el pasado 29 de julio es una llamada telefónica, que le acepten comida, medicinas o ropa. De resto, la mayoría de los detenidos por las protestas poselectorales se mantiene en un periodo de aislamiento por orden del Ministerio de Servicio Penitenciario, bajo la excusa de «adaptación».
Por Tal Cual
Delia* tiene a su sobrina Mariana* detenida en el Centro de Formación Penitenciario Femenino La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda. Apenas recibió dos visitas desde que fue trasladada a ese lugar desde La Guaira. Desde el pasado 12 de agosto no ve a sus familiares.
«Solo recibí una llamada de ella pidiendo unos insumos de higiene personal. De resto no hemos sabido nada», comenta. El pasado 16 de septiembre se cumplieron los 45 días de investigación en el caso de Mariana, pero no se ha fijado todavía la fecha de la audiencia preliminar. El defensor le dijo que debía esperar a que él se comunicara.
Sobre la reanudación de las visitas, explica Delia, «en el centro penitenciario dicen que la orden debe venir del Ministerio». Las presas por otros delitos sí han estado recibiendo a sus familiares en los horarios establecidos.
El hijo de Yuri* está en las mismas condiciones del resto de los detenidos en el Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como la cárcel de Tocuyito. Sin visitas y apenas han tenido una llamada de minuto y medio o dos para informar que están bien.
«Me llamó para preguntar cómo va el proceso acá afuera, ¿qué nos han dicho? Pero tenemos que responder que no sabemos gran cosa porque es la realidad. No nos dicen para visita ni nada por el estilo», comenta Yuri.
Me dijo que la comida había mejorado un poco, que estaba bien él y su amigo, dice Yuri. El fin de semana recibió una breve llamada de un funcionario del Ministerio diciendo que acudiera el miércoles 2 de octubre. La ONG Una Ventana a la Libertad confirmó que un grupo podría tener visitas esa fecha.
Otras madres que pudieron ver a sus hijos en Tocuyito a partir del lunes 30 de septiembre le comentaron que la visita era corta «y a través de un vidrio». A otras mujeres que Yuri ha conocido en este periplo todavía no las han llamado.
Según el Foro Penal, en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, hay 948 presos políticos de distintos estados del país. En Tocuyito, la otra prisión en la que Nicolás Maduro ordenó recluir a todos los «terroristas», hay al menos 500 personas. Recientemente se conoció de un traslado de 103 detenidos en Puente Ayala a la cárcel de Yare III.
Los abogados del Foro Penal, explicó su presidente Alfredo Romero, han tratado de solicitar información o ingresar a las prisiones para conocer la situación de sus defendidos, pero no se les ha permitido.
Liset* tampoco ha visto a su hijo Kevin desde que fue trasladado el 10 de agosto desde La Guaira a Tocuyito. «No hemos tenido contacto de nada. Solamente una llamada telefónica, hasta ahí. Me dijo que estaba bien, que le estaban dando la comida. La semana pasada algunos llamaron a sus familiares para decirles que estaban bien, que seguían sin visitas y que están preocupados porque han perdido sus trabajos».
Solo una vez fue a entregarle «paquetería», como denominan a la ropa, insumos de higiene personal y comida que se entregan a los detenidos. «Estamos esperando porque ya pasaron los 45 días, pero el defensor ahora nos dijo que 45 más 20 días de preliminar. No sé cómo es eso y no hay respuesta de nada».
El 24 de septiembre fue al Palacio de Justicia para conocer algún avance. «Nos dijeron que había que esperar. Esto es fuerte, esto no es para esperar tanto tiempo. Yo me imagino que si no hay causa, no hay imputaciones ni nada tienen que soltarlo, tienen que liberarlo. Entonces, estamos a la espera».
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